México va en una dirección que contradice su historia, su sello ideológico, su cultura, sus sueños como nación y su destino.

Después de la elección, sorprendió el despliegue de una campaña de Estado, pagada indebidamente con recursos de los contribuyentes mexicanos, para convencer a escépticos e incrédulos que la señora Sheinbaum había triunfado en la contienda. Tras comprobar que la campaña no fue tan penetrante ni tan eficaz, se desplegó otra: el inquilino de Palacio y la señora Sheinbaum irían por el país, con el habla mareadora de un ritual de legitimación popular, para avisar a unos y advertir a otros una cosa: quien “ganó” era la ungida por el tlatoani, y ¡ay de aquel que se resista a entender el mensaje!

El mensaje fue captado en tres sentidos: para unos, la señora Sheinbaum sería “la señora presidenta” independientemente de si les gustaba o no la idea; otros leyeron que la inseguridad de la 4T sobre un triunfo supuesto, por la forma de conseguirlo, era el motivo principal para intentar convencer a escépticos e incrédulos y darle a “la gira del adiós” presidencial el ponch de que todo, en la viña del Mesías, estaba consumado; la tercera franja de esta percepción es la de quienes no creen lo que simplemente no quieren creer, ni desean entender lo que no les viene en gana entender. Así de simple.

El problema de imponer a la señora Sheinbaum en la presidencia, luego que la Ley de Benford ha permitido descubrir y exhibir el fraude de la 4T casilla por casilla, plantea otro escenario aún más escabroso: el problema de hacia dónde y con qué ideas se pretende llevar a México.

El germen del autoritarismo político, cuyas líneas gruesas y toscas han hecho escuela en todo el sexenio del actual inquilino de Palacio, podría ser a partir de ahora el alba declinante de la democracia mexicana, pues en su lugar se colocaría -sin hipérbole- a un régimen endurecido y caciquil, un Leviathán de fuego, un ogro casi antropófago.  

La señora Sheinbaum es respetable como persona, pero la soberbia política sustentada en un triunfo electoral que no es de fiar y muy cuestionado, trae mareada a toda la 4T y está haciendo estragos la frágil estructura emocional de sus dirigentes y gobernantes.

Con el tema de la sobrerrepresentación legislativa, sin fundarse en una interpretación integral del espíritu del legislador y el artículo 54 constitucional, sino sólo en la lógica del absurdo y el agandalle, Morena pretende más diputados y senadores que los que le dieron las urnas, para aplastar a la oposición y sacar el Plan C del autócrata, con lo que México quedaría alineado entre las dictaduras del continente.   

Lo que está en juego es si México podrá seguir siendo patrimonio de alrededor de 130 millones de ciudadanos, o si será patrimonio exclusivo de una casta dictatorial.

La reforma que se plantea hacer al Poder Judicial, muestra la prepotencia con que Morena trata, enfoca y resuelve los asuntos públicos, pues sin consultas ni discusiones reales, sin una interlocución inteligente y sin argumentos de conocimiento sobre la materia, pretende adueñarse del país, de los poderes de la unión, del sistema legal y de las instituciones de la República, para gobernar como si no existiera nadie más en el territorio nacional.

Aunque se dice que las lentitudes, los obstáculos y la obstrucción de la justicia provienen del Poder Judicial, ello es falso y los morenistas honestos e informados lo saben. La estructura que retrasa, dificulta y pone freno a la procuración e impartición de justicia en México son las fiscalías, que pertenecen al organigrama burocrático del Ejecutivo Federal y al de los estados.

La embestida de AMLO contra el Poder Judicial, se funda en que no logró imponer a una incondicional como Yasmín Esquivel en la presidencia de la Corte, pero tampoco doblegar a la ministra Norma Lucía Piña, quien por méritos le ganó la partida y ha restituido a ese tribunal de control constitucional la dignidad e independencia de que lo había despojado Zaldívar Lelo de Larrea; otra fuente del encono es haber objetado iniciativas inconstitucionales como la reforma eléctrica, o impugnar propuestas anticonstitucionales como la de la GN o la que pretendía desaparecer órganos autónomos, y poner un alto a la arbitrariedad en obras faraónicas que son orgullo del populismo presidencial de hoy.

Un presidente que no desea someterse a la potestad de la ley, sino que alienta el deseo oscuro de subordinar la ley a su capricho y someter a los juzgadores, no sólo es un mal demócrata sino algo peor: un candidato a dictador, con todas las consecuencias que esto implica.

México dejó atrás la dictadura del oaxaqueño Porfirio Díaz hace un siglo y catorce años. Algunos despistados que ignoran la historia, y otros que por conveniencia aplauden a rabiar cuanta ocurrencia y humorada sale de Palacio, harían bien en detenerse a pensar qué clase de país imaginan para el mañana que amanece.

Algo que no se ha examinado con reposo, es el lado siniestro de la Reforma Judicial que impulsan la 4T y adláteres, pues en ella, con un cálculo político realmente perverso, se alarga el periodo de los actuales magistrados electorales hasta 2027, para hacer descansar en el factor curricular y monetario del TEPJF, la asunción final de la señora Sheinbaum a la “silla embrujada” de Palacio Nacional. Suena lógico que una operación de Estado para consumar un fraude multinivel termine en una imposición en la cumbre del poder.

No es fácil admitirlo, pero podríamos estar en la antesala del fin de la República.

Pisapapeles

Si no lo evitamos, México está a punto de brincar de un Poder Judicial a un Poder Perjudicial. (Este artículo no fue publicado por “La Voz de Michoacán”).

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