Según el chiste muy mexicano, hay casos en los que hay fideo y otros en los que no hay más que ´jodeo´. Y en el México de aquí y ahora, con la reforma judicial, no parece haber más que ´jodeo´.

La señora Sheinbaum, envalentonada desde el 2 de junio por votos que no eran reales, adoptó una línea de gobierno que no le conviene a ella, que puede perjudicar aún más a su partido y sólo hace evidente que a su causa la rigen la necedad, la soberbia y el dogmatismo ideológico.

Es decir, la peor versión de más de lo mismo.

A lo largo de octubre tuvo varias oportunidades para demostrar que realmente sabe, que el espíritu científico es su fuerte y que puede gobernar sin sombras ni tutelas del pasado. Una a una, todas las desaprovechó.

La forma de encarar y procesar la camisa de fuerza de una reforma judicial impuesta, es la evidencia más inmediata de que le faltan tablas y no se atreve a tener estatura propia, visión propia, personalidad propia.

El viernes pasado, la señora Sheinbaum declaró que no acataría la suspensión definitiva de la juez Nancy Juárez Salas sobre el Juicio de Amparo 823/2024, el cual ordena al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, retirar del DOF la publicación de la reforma judicial en un plazo de 24 horas, y al ejecutivo abstenerse de difundirla y aplicarla en actos de gobierno.

El hecho es grave en sí mismo, pues hace meses declaró bajo juramento “respetar y hacer respetar la Constitución”; además, su desacato confeso lleva a una ruptura del orden constitucional y a una crisis jurídica y política cuyas consecuencias nadie en su gobierno ha medido y calculado con la cabeza fría.

El PJ, respaldado en su amplia estructura por jueces, magistrados, meritorios, trabajadores y casi toda la comunidad jurídica del país, dice que “la reforma judicial no pasará” porque “en ello nos va la vida”.

Los campos de batalla están muy bien definidos: en la 4T hay una mescolanza de rufianes e intereses, en el PJ fibra y convicción; en la 4T hay frivolidad y ocurrencias, en el PJ razones y verdades.

Decir que la juez no tiene atribuciones para emitir una suspensión frente a actos del Legislativo y el Ejecutivo, es no conocer o tratar de ignorar la Constitución y el Juicio de Amparo, cuya premisa mayor es la protección jurídica de los derechos de los mexicanos frente al poder.

La historia y la doctrina que el monetarismo oportunista de Zaldívar hace como que no existe y otros pretenden ignorar, señala en un cúmulo de tesis que no hay un “poder constituyente permanente” (el trato huizachero y comodino que dan al Legislativo), y que la Corte tiene facultades y atribuciones para limitar a otros poderes, en su condición de “órgano revisor de la Constitución” y “tribunal de control constitucional”.

¿Quién queda mal en este debate? Los que ignoran la doctrina y son, a cambio, acólitos fervorosos del peor de los fanatismos. Tiene la razón y la verdad quien hace una interpretación semiótica y hermenéutica de la norma constitucional, no quien hace una interpretación sesgada y estomacal de la misma.

Afirmar que la juez no es superior al pueblo de México es un argumento falso y tramposo, que saca de contexto la naturaleza de una suspensión dictada por la judicatura. En términos de Kant, la aplicación de la ley es el “bien superior” a defender, por mucho que no le guste a quienes quieren empleados a los cuales mangonear en el Poder Judicial.

El PJ y la Corte, con más de 1200 recursos interpuestos contra la reforma judicial, están haciendo un trabajo esencial para preservar las libertades, la democracia y el pluralismo político entre los mexicanos. Quienes ven esto con desconfianza, o no lo entienden y critican, quizás colaboran a la instauración de una dictadura en México.

Amagar a la juez que dictó la suspensión con una queja ante el Consejo de la Judicatura, es grotesco, ridículo y risible. Parece que alguien no tiene la racionalidad en su lugar. ¿Se acusará a la juez de cumplir con su deber? ¿Se dirá que aplicar la constitución es traición a la patria? Para la ley nadie es intocable.

En una democracia, tener la mayoría no es tener la razón ni la verdad.

La burla y las carcajadas que provocó en la Universidad de Harvad la reforma judicial de Morena, deberían llamar la atención de los que en ese partido se dicen informados, y además creen que saben. Pero no ocurre así cuando el fervor y la ayuda clientelar oprimen la inteligencia.

No acatar una resolución judicial es un delito, una burla al Estado de Derecho y un acto de arrogancia. Por ese camino, será difícil que México tenga civilidad democrática y gobernabilidad política en los próximos años.

Sólo por una serie de actos de esquizofrenia política, puede concebirse que la 4T quiera llevar a México a un episodio sangriento. Cuando alguien y algunos más confunden revolución y locura, están puestas todas las piedras para el edificio del caos y el desorden.

Pisapapeles

En “La marcha de la locura” (FCE, 1989), Barbara W. Tuchman se pregunta: “¿Por qué quienes ocupan altos puestos actúan, tan a menudo, en contra de los dictados de la razón?”.

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