Advertencia a México
Por Leopoldo González
El presidente López Obrador decidió mostrar la dentadura, debajo de la cual asoma el nervio tenso de una quijada endurecida. La razón es conocida: no quiere organismos constitucionales autónomos que lo regulen, le pongan límites, sean contrapeso de su poder o le digan qué hacer, sino sometidos a la “sagrada” voluntad presidencial.
Este hecho no es buena noticia para nadie en el país, excepto para ellos, los “puros” e “intocables” de la 4T.
En el diseño constitucional que los creó, y que luego fue avalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte el 16 de agosto de 2017, estos órganos son autónomos porque lo manda la Constitución; tienen potestades exclusivas en la materia de su especialidad; los encabezan e integran expertos en el campo de que se trata; su función es blindar decisiones clave del desarrollo nacional ante cambios bruscos derivados de la alternancia política y, en efecto, son contrapeso del poder -o, mejor dicho, de los poderes.
En este sentido, de acuerdo con el peso institucional y el poder de decisión de que fueron dotados -visionariamente- por el Poder Legislativo, los organismos autónomos son innovaciones originales y creaciones novedosas de nuestra democracia, con los que se ha buscado sustraer de la esfera burocrática y la pasión política los temas de la vida pública que ameritan un conocimiento especializado y procesamientos técnicos rigurosos, por lo cual deben ser dirigidos por expertos independientes y no por funcionarios de la alta burocracia o al servicio del régimen.
Entre estos organismos con autonomía constitucional, que desde el inicio de la actual administración son objeto de la malquerencia presidencial y de los arrebatos de furia de otros funcionarios, figuran el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros, cuya “especialización” e independencia irritan o molestan a los integrantes del “círculo rojo” gubernamental.
Tanto en ofensivas mediáticas, en el gesto de saludar y dar la bienvenida a la conclusión del periodo de consejería o de dirección de algunos de ellos, lo mismo que en la confección y “palomeo” de ternas de consejeros “a modo” para el legislativo, López Obrador envió, en muy pocos días, suficientes señales de que los organismos reguladores no sólo le provocan fastidio y le estorban, sino que incluso deben correr una de tres suertes: o se alinean, o los copta su gobierno con la “aplanadora” legislativa, o desaparecen.
Si se recuerda bien, la ofensiva del gobierno contra estos órganos comenzó en la batalla por el presupuesto, a fines del año pasado, cuando su partido en el Congreso logró recortarles en conjunto miles de millones de pesos. Luego, intentando medir, provocar o generarle un traspié al titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, interpuso una queja contra la CNTE por la toma de vías federales de comunicación en Michoacán, que el ombudsman contestó con gran elegancia conceptual y jurídica, sugiriendo que unas son las funciones de la CNDH y otras las del jefe del Estado mexicano. Después vino lo que todos sabemos: el montaje de una ofensiva de linchamiento contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, por un “conflicto de interés” sustentado con alfileres y que el gobierno no ha podido probar.
Al parecer, todo el capítulo de agresiones, descalificaciones y linchamiento gubernamental hacia los órganos reguladores se basa en la especie de que en varios de ellos se habrían detectado supuestos “conflictos de interés”, además de que, según la versión oficial, todos o la mayoría de ellos arrastran la pesada carga de una “empleomanía rapaz” y un nepotismo que no deben tolerarse. Ambos argumentos son endebles, aunque debe reconocerse que, en efecto, en un gran número de casos la acusación de “chambismo” familiar y multifamiliar pudiera acreditarse.
Sin embargo, tres aspectos preocupan de la embestida que el gobierno obradorista ha emprendido contra estos órganos: el pensar que cualquier mexicano podría ser víctima de agobio y de una persecución encarnizada, como esta de la que han sido y están siendo objeto algunos consejeros y presidentes de organismos autónomos, es un riesgo que debemos calcular y que no deberíamos desestimar ni permitir; el segundo no es un riesgo sino un peligro latente: en voz del inquilino de palacio, se ha emprendido una auténtica cruzada de “limpieza” y “purificación” de estos organismos autónomos, en la que el gobierno se arroga el derecho de extender o no certificados de “limpieza” y “pureza”, como ocurrió primero bajo el Tercer Reich, luego en la tiranía sangrienta de Stalin y más recientemente en Bosnia-Herzegovina; el tercer aspecto en el que debemos poner atención, y quizás lanzar una advertencia a tiempo, es el que concierne a las tendencias dictatoriales o totalitarias del actual gobierno, que la mayoría aún no advierte o a las que muchos todavía no dan crédito.
De paso por México, hace unos días, el filósofo holandés Rob Riemen alertó a la opinión pública del país sobre el renacimiento del autoritarismo político en nuestra época, y advirtió con preocupación que estamos ante el retorno de la vieja cultura fascista en el lenguaje, en los comportamientos públicos y en las relaciones políticas. La asociación de lo dicho por Riemen con México no es ociosa, pues si a alguien y algunos más les enerva la regulación de los organismos autónomos y les produce urticaria la existencia de contrapesos en una democracia, eso es síntoma preocupante de que algo no anda muy bien, o francamente anda mal, en la mentalidad política que rige al país.
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Cometer injusticias o despropósitos contra la razón, y creer que se está en lo correcto, es una forma de estar equivocado.
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