CNTE en México:
cuando el voto de ser pobres les permite vivir como ricos
Una educación liberadora debe ser una educación dialógica.
No hay diálogo si no existe fe en los hombres,
en su capacidad de crear, de ser más (…)
Sin esta fe en los hombres el diálogo se transforma en manipulación paternalista.
Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa.
Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira.
Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido
Siempre que se habla de la influencia de los factores prácticos en los estilos de vida, en el ordenamiento 
jurídico como norma para la convivencia, en el respeto al pacto social como manera única de saldar las cuentas pendientes y no matarse en el camino, alguien dirá: “todo eso corresponde a las lacerantes y expoliadoras prácticas políticas que impone e impulsa la clase en el poder”. Hablará de la “lucha hombro a hombro con todos aquellos sectores sociales, políticos y sindicales que verdaderamente busquen la transformación de este país y mejores condiciones de vida para los mexicanos”; apelará a “la solidaridad incondicional con la lucha del obrero y el campesino mexicano”, exigirá “la restitución inmediata de las fuentes de trabajo de los trabajadores despedidos” y se despedirá “llamando a todos los actores sociales a no cerrar en la lucha contra la opresión, con rabia y esperanza”.
Así habla la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Hipocresías.
Ríos de tinta han corrido desde hace algunas semanas, cuando las evaluaciones docentes comenzaron a ser un hecho y la Coordinadora respondió en su estilo: la vociferancia, la reiteración majadera de consignas, las calles imposibles. Lisa y llanamente: nada. El gobierno federal ofreció un vía. Una vía discutible, llena de defectos, digna de corregirse una y mil veces; pero una vía al fin y al cabo, y lo que quedaba era sentarse a conversar o corregir. la CNTE, en cambio, ofreció la necedad.
La CNTE y su palabrería agota, es cierto. Pero se trata de la educación de la mayor parte de los niños michoacanos y gran parte de los mexicanos. En otras palabras, se trata del futuro del país. Conviene detenerse en la palabrería.
Convierte más aún hoy: la historia se repite. Al momento de escribir estas líneas el titular de la Secretaría de Educación, Aurelio Nuño, acaba de anunciar auditorías a las nóminas magisteriales de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La respuesta fue inmediata; desde la Ciudad de México los dirigentes de la CNTE señalaron: “quien miente cínicamente sobre la reforma educativa es el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer”. Afirmaron que los “ataques persistentes” al magisterio sólo demuestra que “ya no tiene argumentos con que defender una reforma que él sabe no es educativa, sino laboral y de control administrativo”, y que “quien ha ejercido una política de cerrazón y represión es él (Nuño). Sin querer escuchar al magisterio y condicionando el diálogo” (SIC).
Sin argumentos.
Hoy, en México, hay dos visiones radicalmente distintas y mutuamente excluyentes: la CNTE, avalada por miles de maestros que a diario someten a otros tantos miles de mexicanos a retrasos, esperas, imposibilidad de transitar, de acceder al trabajo o a la salud, y otros estorbos; y la Federación, cautelosa, imperfecta, pero avalada por los gobiernos estatales y por la mayor parte de una ciudadanía que ya está harta.
No hay manera alguna de conciliación.
LOS PORFIADOS DATOS
Los líderes de la CNTE hablan de transformar el país y mejorar las condiciones de vida, de la solidaridad de clase y de la lucha hombro con hombro. El discurso suena bien. Pero conviene detenerse en los hechos, los porfiados hechos que demuestran que la palabra se queda apenas en eso.
Los datos aquí expuestos son de conocimiento público y fueron exhibidos en distintos periódicos por la Secretaría de Educación Pública.
Al primer trimestre del año 2015, el líder de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez Ginez, recibió más de 300 mil pesos. O un salario mensual de 100 mil pesos.
Juan José Ortega Madrigal, entonces secretario general de la Sección XVIII de la CNTE en Michoacán, recibió 170 mil 841 pesos. O un salario mensual de 56 mil 947 pesos.
Adelfo Alejandro Gómez, líder magisterial de la Coordinadora en Chiapas, ganó 75 mil 427 pesos. O un salario mensual de 25 mil 142 pesos.
Y todo aquello se hila con las marchas y manifestaciones.
En las minutas firmadas en junio de 2013, julio de 2014 y junio de 2015, el entonces gobierno del estado de Michoacán aceptó “mantener el compromiso de no ejercer contra los trabajadores de la educación represión administrativa, laboral, física o de cualquier otra modalidad, por su participación en las actividades de la jornada de lucha magisterial”.
En otras palabras: permiso para el desmadre.
Otros privilegios que otorgó el estado a los líderes magisteriales para que ellos, en algunos casos, pudieran otorgárselos a quienes estimaran conveniente fueron Programas de apoyo para la producción agropecuaria, Producción de fertilizantes orgánicos, Plantas de reciclaje, Reserva territorial para construcción de viviendas, Proyectos productivos, Dotación de ganado, Maquinaría Agrícola, Equipo agropecuario, y Apoyo económico extraordinario a todos los trabajadores de la educación para resarcir la pérdida de poder adquisitivo.
En otras palabras: el uso clientelar de grupos vulnerables.
Hay más. La CNTE incumplió un pacto signado ese mismo julio de 2014, cuando en la minuta con el magisterio el Gobierno del Estado expuso que “manifiesta su irrestricto respeto a la constitución y a las leyes que de ella emanan”. El acuerdo fue incumplido por la CNTE, que desconoció frontalmente la reforma educativa y las disposiciones derivadas, como la evaluación docente.
En esa misma minuta el Gobierno del Estado declaró “la conveniencia de establecer un programa de saneamiento y orden en la administración de la Secretaría de Educación en el Estado, dando conocimiento a la autoridad competente de cualquier conducta que pudieses acarrear responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral, como resultado de este programa”. La CNTE, fiel a sí misma, se negó y hasta hoy se niega a cualquier revisión a sus finanzas internas, gastos por motivos sindicales o hasta la elaboración de un simple padrón de maestros.
Pero, además, la Coordinadora olvidó la solidaridad que pregona. En la minuta firmada en junio de 2011 el magisterio aprobó “sostener las plazas automáticas a egresados de escuelas normales, y la matrícula de las mismas”. Dos años más tarde, en junio de 2013, su demanda se rebajó apenas a “mantener mesas de trabajo con la federación para el seguimiento sobre la asignación de recursos para los egresados del ciclo 2012-2013 de las escuelas normales oficiales del estado”. La coyuntura, al parecer, les obligó a adaptar sus intenciones otrora inamovibles y universales; la CNTE, en pocas palabras, abandonó a los normalistas.
Ese es, someramente, el negocio de los líderes de la CNTE. Pobres, ingenuos, los que aún creen que el magisterio lucha por la calidad de la educación.
DURMIENDO CON LA DELINCUENCIA
En Michoacán, según maestros afectados, los líderes de la CNTE acostumbran exigir constancia de marchas cuando se trata de ascensos o promociones. La Coordinadora incumple así el objetivo de obtener esas categorías por méritos profesionales, y por tanto viola la Ley General del Servicio Profesional Docente.
También, por método, obstruyen carreteras federales y el paso del tren. Con ello violan el inciso III del Artículo 167 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que dice que “se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado”.
Al cerrar vías o comercios impiden el acceso al derecho a laborar de miles de mexicanos. Con ello atentan contra derecho al trabajo señalado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando no permiten el paso a ambulancias u otros vehículos, públicos o particulares, con fines médicos, incumplen el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política federal que asegura que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Este es el resultado, preliminar, de un barrido rápido respecto de las leyes que viola la CNTE cuando se moviliza en las calles. Seguramente hay muchas otras; la conclusión es una sola: los profesores de la CNTE que resultan responsables de las afectaciones a la ciudadanía incurren, lisa y llanamente, en actos delincuenciales.
La realidad es más simple y directa de lo que los propios líderes magisteriales con sus afines la quieren mostrar. Hoy la CNTE no combate las lacerantes y explotadoras prácticas políticas que impone e impulsa la clase en el poder; no lucha hombro a hombro con todos aquellos sectores sociales, políticos y sindicales que verdaderamente busquen la transformación del país y mejores condiciones de vida para los mexicanos; no alienta la solidaridad incondicional con la lucha del obrero y el campesino mexicano que muere de hambre mientras los líderes viven como ricos; no lucha contra la opresión. La CNTE, con las décadas, pasó a convertirse irreversiblemente en el mismo parásito que critica, y gorda, fofa y encerrada en sí misma, es hoy una de las podredumbres que mantienen vivas las miserias de México. La CNTE es hoy un triste remedo de sí misma, y si en verdad pretendiera luchar por el bienestar de los mexicanos no le queda más que desaparecer. La CNTE es, hoy, un nido de delincuentes al servicio del mejor postor.
De paso, conviene recalcarlo, el autonominado candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, defiende y busca pactar con delincuentes.