Medio ambiente en México,
en la orfandad política
Por Francisco Viveros Dávalos*
Acaban de pasar dos fechas emblemáticas a nivel internacional y nacional respectivamente: el 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y al día siguiente, el 6 de junio, se celebraron elecciones intermedias en México. En las siguientes líneas haré un esfuerzo por mostrar cuan relacionadas están una efeméride con la otra.
Comencemos por la importancia de hablar sobre nuestro entorno: México se ubica dentro de los 10 países con mayor diversidad biológica a nivel internacional; es decir, en los distintos ecosistemas terrestres y marinos que se dispersan a lo largo y ancho del territorio nacional, podemos encontrar cerca de 70 mil especies de animales invertebrados, casi 3 mil de vertebrados y alrededor de 23 mil plantas vasculares.
Sin embargo, la legislación ambiental mexicana tiene registro de 475 especies en peligro de extinción, 896 amenazadas y 1,185 que se encuentran bajo alguna categoría de protección especial. Por otro lado, tan sólo el año pasado, el Centro Mexicano del Derecho Ambiental registró el asesinato de 18 activistas ambientales en distintos estados del país. Dichos siniestros se dieron en torno al desarrollo de megaproyectos, principalmente de actividades mineras, generación de energía o expansión de actividades económicas en áreas naturales.
En otras palabras, la riqueza biológica de nuestro país, de la que muchos nos sentimos orgullosos, se encuentra seriamente amenazada. Y a pesar de las grandes labores llevadas a cabo por la comunidad científica y algunas organizaciones de la sociedad civil, aún hace falta que las autoridades mexicanas, en sus tres órdenes de gobierno, garanticen la protección de nuestro patrimonio natural.
Y es ahí donde interviene la segunda fecha que mencioné al principio del texto. Los procesos electorales deberían ser la oportunidad para conocer la oferta de los diferentes partidos políticos con respecto a los problemas medioambientales que enfrenta nuestro país; sin embargo, este tema, desafortunadamente, tan solo se utiliza para acercarse al electorado, y una vez en el poder, los tomadores de decisiones no saben qué hacer con él y lo olvidan.
La existencia de un Partido “Verde” en México, lejos de ser una esperanza (como sí lo es en otros países latinoamericanos o en la Unión Europea), representa una simulación y una tragedia para el ambientalismo en nuestro país: La aprobación de la pena de muerte, la fractura hidráulica para la extracción de combustibles (conocida como fracking) y la colusión con el partido en el poder, son algunas muestras de que lo suyo es el negocio electoral y no la protección del medio ambiente.
La agenda de la autollamada Cuarta Transformación, como ya daba cuenta el ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, posee varias contradicciones: se cancelan la construcción del aeropuerto en Texcoco y de una cervecera en Baja California y se prohíbe el uso del glifosfato, al mismo tiempo que se echan a andar megaproyectos como los trenes Maya y Transísmico y la refinería Dos Bocas, pero se recorta el presupuesto destinado a las dependencias encargadas de la protección ambiental y la investigación científica (como ya se venía dando, por cierto, desde 2015,).
Del lado de la “oposición” se ha optado únicamente por vender a las energías renovables como la panacea del cuidado del medio ambiente; pero lo que los integrantes de la coalición Va por México y Movimiento Ciudadano desconocen o han olvidado, es que, para lograr una transición energética en México orientada a la sustentabilidad, hace falta, entre otras cosas, reducir la demanda de energía por parte de sectores como el transportista, el industrial y el doméstico.
También, hace falta inducir que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a estas fuentes de energía. Muy poco se menciona, en nuestro país, que los mayores beneficiarios de la generación de energía eólica, y en menor medida, de la solar, son empresas privadas y transnacionales. Tampoco se habla de los conflictos territoriales generados por la instalación de parques eólicos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, ni de los activistas ambientales que han perdido la vida ni de las personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen por la misma causa.
Nos encontramos, pues, con que la agenda ambiental en México se encuentra en la orfandad político-partidista. Sospecho que una de las principales causas de este escenario es el divorcio entre la clase política y la comunidad científica en México. La actividad científica, en muchos casos, se encuentra recluida en los laboratorios, las aulas de universidades públicas y algunos foros de divulgación científica. Así, el conocimiento que generan prestigiosos investigadores no es aprovechado por los tomadores de decisiones, acudiendo en su lugar a la improvisación o la preferencia por otras agendas.
La solución entonces sería, en el corto plazo, que se establezcan mayores canales de comunicación entre las políticas públicas y el quehacer científico, procurando la conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios que aporten, cada quién desde su formación y experiencia, soluciones integrales a los retos que tiene el país hoy y tendrá mañana. En el corto y mediano plazo, hace falta que los partidos políticos abran sus espacios de representación a perfiles con mayor preparación académica e intelectual, o de plano que se formen nuevos institutos políticos y formas más novedosas para nutrir la toma de decisiones en la vida pública.
*Francisco Viveros Dávalos. Egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM- ENES Morelia. Interesado en temas de Política y Comunicación Ambiental.