La recaptura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el jueves anterior en la Tenencia de Jesús María, muy cerca de Culiacán, puede tener varias lecturas e implicaciones dependiendo del enfoque que se escoja para analizar los hechos.
Dos hipótesis han explicado en estos días la razón por la que el gobierno mexicano decidió, de forma sorpresiva, emprender la persecución y recaptura del hijo menor de Joaquín Guzmán Loera.
La primera es en el sentido de que el experimento mexicano de populismo tiene un desempeño opaco, va en caída libre y sólo ofrece resultados que dañan al país.
Según esta versión, en alguna oficina de estrategia o en un cuarto de guerra se pensó que la mejor manera de enderezar rumbo e imagen era un golpe de timón en materia de seguridad, procediendo a la detención de un hermano de Nemesio Oseguera y luego a la recaptura de Ovidio Guzmán, para enviar la señal de que -ahora sí- el gobierno se ha puesto los guantes para enfrentar al “malamén”.
La segunda hipótesis, por su parte, indica que algo muy grande se movió en la DEA y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo cual habría obligado al gobierno del presidente López Obrador a ordenar la recaptura de Ovidio Guzmán López, lo que además sería bien visto de cara a la realización de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que estos días se desarrolla en nuestro país.
Las dos hipótesis parecen razonables; una porque, en efecto, parece un asunto de urgencia nacional poner límites al despliegue de ciertas fuerzas en cada centímetro del territorio de la República, pues para eso juramentó sobre la Constitución el actual gobierno y para eso se pagan impuestos a lo largo y ancho de todo el país; la segunda hipótesis también es razonable, no sólo por la presunción de narcoterrorismo delincuencial en México, sino porque cada visita de funcionarios estadounidenses a nuestro país significa, invariablemente, uno o varios jalones de orejas al gobierno federal.
El despliegue en Jesús María para detener a Ovidio Guzmán pareció un capítulo de telenovela digno de las mejores series de Netflix; la desproporción de la Sedena, luego de que la DEA facilitó las coordenadas de ubicación y localización del objetivo, estuvo en que sabiendo por quién iba, sólo acertó a fincar el delito de posesión de armas de uso exclusivo del ejército, lo cual puede prestarse a muchas y muy mal pensadas interpretaciones.
La detención del joven Ovidio Guzmán significó solamente eso, y no necesariamente que su organización haya sido desmantelada o que ya México se haya librado de la metástasis criminal que agobia a la sociedad.
Tampoco puede decirse que ya el gobierno y las fuerzas armadas están del lado de la sociedad en México: el episodio de una recaptura es un capítulo, pero llenar el libro abatiendo en la realidad las cifras del delito, inhibiendo los homicidios dolosos, llevando a su mínima expresión las desapariciones forzadas y las cifras de desplazados por la delincuencia, son retos verdaderamente mayúsculos para un gobierno que está obligado a hacer bien las cosas.
Ahí mismo, en el Culiacán en llamas, fue notoria la ausencia de la autoridad que sólo reaprendió al objetivo prioritario y a unos cuantos de sus más cercanos, pero a cambio se esfumó en 19 narcobloqueos, en el robo de 251 vehículos particulares y del transporte público, el robo de dos ambulancias, el ataque a 3 helicópteros militares, el ataque a un avión comercial y a uno militar y la parálisis de la vida social por miedo e impotencia en la capital de aquel Estado.
La reacción de las fuerzas del “malamén” en una situación de acoso y arrinconamiento, muestra lo grave que es haberlas consentido y empoderado desde el vértice del poder, lo cual no ha hecho sino agravar la indefensión de las familias y del conjunto de la sociedad.
Si el golpe en Jesús María significa un cambio de fondo en la estrategia federal de seguridad y combate al delito, ello -con sus debidas reservas- implica que se están dejando atrás cuatro años de aberraciones y equivocaciones en la materia.
Iniciado a los 18 años en actividades ilícitas, la DEA sabe que el joven Ovidio Guzmán era el responsable de la producción y trasiego de fentanilo a Estados Unidos, cuyas ganancias se calculan actualmente en poco más de 20 mil millones de dólares.
Por supuesto, la travesía legal que aguarda al recapturado en México, será larga y difícil de digerir en los próximos meses; lo que la puede abreviar, en cualquier caso, será la reactivación de la solicitud de extradición interpuesta por EE. UU. en 2018.
Hay dos cosas seguras en todo esto, después del segundo culiacanazo: (1) es altamente probable que la Mamá Grande de Ovidio Guzmán no vuelva a ver al presidente López Obrador como huésped distinguido en los rumbos de Badiragüato; (2) y es más altísimamente probable que no lo vuelva a invitar, como un amigo y hablándole de tú, a almorzar “tacos de guisado” a su finca.
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Una historia nunca es dos veces la misma: lo sabe el historiador y lo sabe el matemático del tiempo.
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