De «obra magna» a «magna transa»: Presa Francisco J. Mujica

Por: Esteban Patricio M.

Hace poco más de una década, la Presa Francisco J. Múgica fue presumida por el gobierno estatal como su obra más importante. Al paso de los años, los encargados de su construcción fueron evidenciados por sus prácticas fraudulentas en diferentes países y parecía inaudito que su paso por michoacán estuviese libre de esas prácticas, aunque se fue evidenciando. Pero, ahora, se ha evidenciado que los diputados michoacanos de esos días se hicieron”de la vista gorda”.

Hace siete años las autoridades brasileñas empezaron una investigación sobre una compañía de construcción de ese país: Odebrecht.

La investigación fue llamada “Operación Lavado de Autos” (Operação Lava Jato, en portugues) y con ella se descubrió una red de sobornos entre políticos y empresas privadas que incluía a Odebrecht.

Esa fue la primer pieza que cayó en el dominó, y que empujó la siguiente: dos años después el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés), lanzó una investigación en 2016, para descubrir un sistema de sobornos que incriminaban a Odebrecht.

Con eso se destapó el sistema con el que esa empresa pagó a diferentes gobiernos de Latinoamérica por la adquisición de contratos públicos de construcción.

De esa forma cayeron las siguientes piezas del dominó:Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, República Dominicana, Chile y Guatemala.

EL MONSTRUO DE MIL CABEZAS ESCONDIDO

Aquella investigación, “Operación Lavado de Autos”, fue nombrada así porque sus realizadores inicialmente se centraron en revisar una estación de servicio y lavado de autos en Brasil, donde se “lavaron” algunos pagos.

Ese trabajo hizo que se pudiera conocer un esquema masivo para quebrantar a la petrolera ‘Petrobras’, la empresa más grande de Brasil y un símbolo del arraigado nacionalismo económico del país, lo que llevó a revelar el esquema de sobornos de Odebrecht.

Fue aproximadamente en 2001 cuando Odebrecht comenzó a sobornar funcionarios y cinco años más tarde, creó una división completa para hacerlo: la División de Operaciones Estructuradas.

Esa división  reportaba a los niveles más altos de la compañía y para ocultar sus actividades, utilizó un sistema de comunicaciones y pagos fuera de los libros contables oficiales.

Para que funcionara esa división, se valían de correos electrónicos encriptados, nombres en código y contraseñas. Además de que crearon empresas fantasma para hacer la triangulación de dinero.

En los siguientes años los empleados de Odebrecht hicieron conexiones con los que estaban en el poder y con aquellos que parecía que pronto llegarían al poder, y no importaba su tendencia política.

SU PRESENCIA EN MÉXICO

En México esta empresa brasileña hizo sus operaciones entre 2010 y 2014, lapso en el cual pagaron sobornos  por 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas, que le generaron beneficios por más de 39 millones de dolares.

Entre esas obras estuvieron reconfiguración de refinerías y la construcción de complejos petroquímicos.

Para dar una idea de los negocios que lograron en 2010,  la empresa fue contratada para construir el Complejo Petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, que sería  el complejo más grande de su tipo en América Latina.

La inversión inicial que se anunció era de 2 mil millones de dólares, pero al final, el costo de la obra sobrepasó los 5 mil millones.

EN MICHOACÁN…

La situación parecía limitarse a otros países y a Pemex, según lo que se reveló en 2017 por periodistas mexicanos y autoridades estadounidenses.

Pero en Octubre de 2018 la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que se habían encontrado transferencias del departamento de sobornos de Odebrecht a Víctor Guerra Reyes, mediante un banco en Andorra, un pequeño país europeo ubicado entre España y Francia, que es usado como “paraíso fiscal”.

García Reyes era el responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.

Esos pagos fueron para que a esta empresa brasileña se le adjudicara la construcción de la presa Francisco J. Mújica, en la región de Tierra Caliente, obra que duplicó su costo hasta los 3 mil millones de pesos.

Fueron varias transferencias que se triangularon en cuentas bancarias fuera del país y sumaban al menos 433 mil dólares entre 2008 y 2010.

Pero a pesar de esta información, nadie ha sido castigado y parecía que toda la culpa era de los encargados de la realización de la obra en aquel momento.

En la Cuenta Pública de la hacienda estatal, del Gobierno del Estado de Michoacán,

correspondiente al ejercicio 2010, se menciona que “este año se concluyó la obra más importante de este gobierno: “La presa Francisco J. Múgica”.

Se presumía que, “tiene capacidad para almacenar hasta 100 millones de metros cúbicos de agua, con esta obra magna, se beneficia a 15 mil familias michoacanas, se impulsa

la producción agrícola de más de 27 mil 140 hectáreas y además de prevé generar más de 17 mil empleos.”

OJO DE HORMIGA

Pero ahora un nuevo elemento está reviviendo el caso, y es que el aspirante a la gubernatura michoacana por       el partido Fuerza por México y su equipo de asesores y representantes, pusieron el dedo en la llaga.

El pasado 8 de marzo exhibieron documentos en los que la  la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) daba cuenta de irregularidades en la construcción de la obra y la forma en que esta fue adjudicada a la brasileña Odebrecht.

Esos documentos habían sido emitidos en 2011, y se exponen incluso con fotografías las fallas técnicas que había en la obra.

También se dio cuenta, en ese entonces, de que el presupuesto inicial de la obra era de casi  mil millones de pesos y se elevó a 2 mil 766 millones de pesos, pero solo se justificó el uso de 2 mil 56 millones de pesos. Además de que se firmaron otros dos contratos adicionales para concluir la obra, en contra de las disposiciones legales.

Pero en ese entonces la ASM estaba bajo el control de los legisladores locales y a pesar de que se les detallaron faltas al marco regulatorio legal desde el año 2010, no les dieron curso.

Recién el gobierno federal aseguró que se podrá retomar este tema. Lo mismo hicieron los actuales encargados de la Auditoría Superior de Michoacán. ¿Realmente aplicarán la ley, en este paso de la “obra magna” a la “magna transa”, que significó esta presa?