El experimento que ahora aplica el partido gobernante en México, extrapolado de la psicología de masas del nazismo, busca la construcción legal de una tiranía con base en un método que en la Alemania de 1933 fue conocido como la “Gleichschaltung”: una fórmula política y legislativa para acumular y mantener el poder en las mimas manos y el mismo color.

Convertido el parlamento en el verdadero eje del poder político, todas sus funciones se reducen a legislar para dar más poder al poder y a desplegar un ejercicio de contención de las oposiciones y el grito social, además de generar y validar las técnicas gubernamentales más a modo para administrar y sofocar el malestar colectivo.

Debido a que la opinión pública es cable de alta tensión por el que fluyen la vida y el debate democrático, la tiranía parlamentaria va directamente a la yugular: legisla para abatir y arrinconar todas las formas de la libertad de expresión y, asimismo, para borrar o desdibujar el pizarrón de la disidencia social.

El poder que expide las leyes y el que hace que se observen y las aplica, dos poderes en el puño del mismo titular del Ejecutivo, son la mejor garantía de que el poder unipersonal lo puede todo: puede contra todo y puede contra todos.

Esto es lo que no querían en conciencia las sociedades que cayeron víctimas de sometimiento ante los fascismos de izquierda y de derecha que conoció el siglo XX, y es, al mismo tiempo, la amarga experiencia a que desembocaron esos pueblos producto de su inconciencia.

México, en el breve parpadeo de ocho años, ha vivido un proceso semejante al de países que cometieron la imprudencia de creer en la falsa narrativa de un caudillo iluminado, sin advertir los peligros y consecuencias de semejante ceguera.

El veneno tóxico del populismo autoritario es visible e invisible, y sabe que hay muchas formas provisionales de matar a una sociedad, para que no proteste de manera eficaz el día de su muerte definitiva: una forma de matarla es privarla con astucias y amaños legales de su filosofía del derecho y la libertad; otra forma de matarla es filtrar en ella la resignación de la desesperanza, el tóxico del desánimo colectivo, la idea de que no se puede contra tanta maldad.

México, entonces, comenzó a perder los principios vertebrales de su constitucionalismo republicano, de su filosofía liberal, de su idea de nación y su visión de futuro.

Casi todo lo que han aprobado las “mayorías” morenistas en el Congreso de la Unión, de 2018 a 2026, tiene un sello ominoso: darle más poder y potestades al poder y rasurar o quitarle derechos y libertades a los ciudadanos y la sociedad.

Pese a la evolución del habeas corpus, a la que contribuyó decisivamente el yucateco Manuel Crescencio Rejón, la 4T lo empobreció y lo dejó tunco al quitarle en el pleno legislativo sus efectos colectivos y sociales, lo cual protege al poder y desprotege al ciudadano.

Gobernar contra el pueblo al que se gobierna, quitándole logros y conquistas históricas en materia jurídica y económica, es un indicador de que se ama de forma abstracta al pueblo por su utilidad y su peso electoral, más no en función del principio de que servirlo es la principal finalidad del gobierno.

En los últimos meses, varias leyes aprobadas sin estudio y en horas de la madrugada, sorprendieron al país no por sus atributos cualitativos, sino por la prisa y los criterios cuantitativos que definieron el proceso legislativo.

El principio de progresividad de la norma jurídica, central en nuestro diseño constitucional, que implica que los derechos individuales y sociales deben protegerse y no recortarse, ampliarse y no reducirse, ser progresivos y no regresivos en nuestro régimen jurídico, ha sido penosamente ignorado por el morenismo parlamentario en casos tan, pero tan graves, que un organismo mundial de juzgadores tuvo que expulsar a la delegación mexicana hace unas semanas, por haber avalado la reforma judicial del Congreso mexicano que dictó elecciones y consagró a un Poder Judicial del acordeón.  

Una ley sobre los derechos de las audiencias que no las protege, pero a cambio da elementos al poder para perseguir a medios de comunicación críticos; una reforma electoral del Congreso de Michoacán validada por la SCJN, que no protege ni amplía y sí vuelve punitiva la presencia de aspirantes independientes en las elecciones de 2027; una reforma legal que amenaza con anular elecciones por la mera presunción de “injerencia extranjera” en las mismas; una “Ley antimemes”, así llamada por el piso social, que legaliza la presión y la represión autoritaria contra la crítica y la sátira política que circulan en plataformas digitales; y, por último, una reforma federal que revoca y penaliza el estatus de “doble nacionalidad” para registrarse en una contienda presidencial, tienen el tufo de astucias legaloides, corrientes y de mal gusto, cuyo único fin es intentar cerrarle el paso a la oposición e impedir la restauración de la democracia en México.

Lo que México necesita hoy es más sociedad horizontal y menos gobierno vertical, porque darle más poder al poder sólo contribuye a su elefantiasis, y este desbalance no conviene a una sociedad equilibrada.

Pisapapeles

El mejor sistema de poder en una democracia es el que ejerce el ciudadano de abajo hacia arriba; el peor, el que ejerce un gobierno autoritario de arriba hacia abajo.

leglezquin@yahoo.com