VICIOS Y LACRAS DE UN MÉXICO ENCABRITADO
Por: Héctor Ceballos Garibay
En cuestión de semanas, las perspectivas optimistas del gobierno federal cambiaron de manera radical, adquiriendo una imagen turbia y calamitosa. Para arrojar luz sobre la actual crisis, resulta imprescindible hacer un recuento de algunos de sus elementos: a) Los 22 mil 322 desaparecidos que la PGR contabilizaba apenas en agosto, a los que se suman los 43 estudiantes de Ayotzinapa; b) Las 22 mil 732 víctimas de homicidio doloso que el INEGI registra para el 2013; c) Las 22 ejecuciones de Tlatlaya, agravadas con el intento de encubrir el hecho por parte del Ejército y el gobierno del Estado de México; d) La proliferación de la narcopolítica en varios estados de la república, donde los funcionarios no sólo son designados y padecen la extorsión del crimen organizado, sino que ellos mismos pertenecen a las estructuras delincuenciales; e) La complicidad de todos los partidos políticos en la anterior situación, al aceptar dinero espurio para las campañas electorales y al admitir en sus filas a personajes del hampa a los cuales postulan como candidatos; f) La condenable inacción de las autoridades encargadas de garantizar el orden público ante manifestaciones violentas y actos vandálicos de los grupos opositores (principalmente los anarquistas y grupos magisteriales como la CNTE y la CETEG) que, al amparo de reivindicaciones legítimas, abusan de su libertad de manifestación y afectan a terceros con sospechosa permisividad y absoluta impunidad; g) A esta lista habría que agregarle: las suspicacias fundadas que suscita la Casa Blanca mexicana, la opacidad en las licitaciones públicas otorgadas por los tres órdenes de gobierno, los sobornos (moches) que reciben los diputados, y los dos problemas generales y ancestrales que caracterizan a nuestra nación: la debilidad del Estado de Derecho y, sobre todo, la oprobiosa desigualdad socioeconómica que separa a las clases y a los individuos. Indigna, en particular, el contraste abismal entre los altos sueldos de los gobernantes, magistrados y representantes populares respecto de los bajos salarios que reciben las grandes mayorías.
El recuento anterior es del dominio público. Lo importante, entonces, consiste en precisar cuáles son esas conductas sociales que en buena medida explican tan funesta degradación de los lazos comunitarios, única forma de poder hilar fino a la hora de plantear propuestas de cambio que sean realistas. Desde esta perspectiva, se vuelve imprescindible no únicamente culpar a ciertos individuos, a tal o cual partido político o al gobierno en turno, sino que también resulta indispensable hablar de nuestra responsabilidad colectiva como sociedad, cuyos usos y costumbres son producto de una compleja historia sincrética y pluricultural que desemboca en multitud de luces y sombras. Toca ahora, por doloroso que sea, ahondar en nuestro lado oscuro, en esos vicios y lacras que solemos tapar con un dedo y que obstaculizan nuestro desarrollo civilizatorio.
- La animadversión a los políticos. Nuestra clase política, es cierto, deja mucho que desear: en su mayoría son improvisados en el oficio; utilizan el erario como botín y vía fácil hacia el enriquecimiento personal; recurren a la demagogia oportunista y una vez que han alcanzado el cargo público o la curul, se olvidan de sus electores y traicionan el ideario que pregonaron. Ante tamaña falta de probidad y profesionalismo, cabe preguntar: ¿De donde surgen esos candidatos que ocupan la burocracia federal, estatal y municipal? ¿Quién se moviliza y vota por esos ciudadanos que cuestan tan caros a la ciudadanía? Respuesta obvia: de la propia sociedad civil. ¿Quiénes son los sujetos que integran a los partidos políticos y quienes los que ocupan los miles de puestos de la administración pública? Respuesta evidente: Juan, Felipe, Francisco, María, el vecino de enfrente, algún familiar nuestro que dejó su changarro o su oficina y ahora incursiona en la política, ya sea temporal o permanentemente, según le vaya en esa rueda de la fortuna. Corolario: en vez de satanizar a los políticos y en lugar de erigir a la sociedad civil como vía infalible hacia la felicidad, ¿por qué no fortalecer la profesionalización de los políticos, su perfil ético y su vocación de servicio a la comunidad? ¿Por qué no reivindicar las luchas loables de los movimientos sociales en torno a demandas concretas, locales y legítimas de autodefensa ciudadana y de vigilancia democrática? El Estado y la sociedad civil, diría Perogrullo, son partes indisociables de una nación, y por ello ambas se interrelacionan de manera viciosa o virtuosa. Urge, pues, robustecer los valores cívicos y dignificar el ejercicio de la política.
- Paternalismo–populismo. Somos un pueblo acostumbrado a recibir dádivas y prebendas del gobernante en funciones, más allá de los servicios públicos y las garantías civiles que todo Estado democrático debe garantizarnos por mandato constitucional. En efecto, a lo largo de nuestra historia –alcanzando su expresión máxima durante el populismo de los años setenta del siglo pasado-, la mayoría de los gobernantes utilizó el erario para otorgar diversas canonjías que permitieran asegurar la compra de lealtades políticas, ganar elecciones, paliar la extrema pobreza y edificar su culto a la personalidad. De esta manera, no sólo se construyó un sistema fiscal endeble y deficitario, un modelo de pensiones desequilibrado y suicida, un aparato burocrático excesivo y arcaico, y un cúmulo de servicios públicos deficientes, sino que, para desgracia del país, la población se acostumbró a que papá-gobierno tenía la obligación de proveer todo y siempre: desde cuestiones básicas como educación, salud, vivienda, hasta plazas automáticas, subvenciones y becas con independencia de cualquier examen o evaluación de necesidades y capacidades. Así las cosas, nuestros usos y costumbres nacionales nos dañan: gobiernos que no ejercen el presupuesto con sabiduría (aparte de sus robos y despilfarros) y cuya obra pública es de pésima calidad, y poblaciones que se rehúsan a pagar impuestos y a participar activamente con iniciativas y recursos propios. Desdichadamente, los políticos no se atreven a subir los impuestos (aplicar una verdadera reforma fiscal) para no ser impopulares, y la gente detesta que le afecten su bolsillo. Para comenzar a romper este círculo vicioso, tendríamos que erradicar ese funesto paternalismo que aqueja tanto a los gobernantes como a los gobernados.
- Ilegalismos sociales. Estamos hartos de la corrupción y la impunidad de los políticos, pero ellos sólo son un espejo de nuestras conductas ilícitas cotidianas. Diariamente incurrimos en multitud de ilegalismos: cuando pedimos favores al amigo poderoso o cuando sobornamos al policía, a la autoridad judicial, al burócrata y al funcionario encumbrado a fin de conseguir información privilegiada, empleos, descuentos, licencias, ascensos, contratos y permisos de todo tipo. Nos quejamos cuando son otros los que transgreden las leyes y las normas de urbanidad, se trate de tirar basura en la calle o de cometer cohecho, pero no vemos problema alguno si somos nosotros quienes obtenemos beneficios de esta subcultura de la ilegalidad que alimenta la degradación institucional. Un posible cambio de esta dinámica corruptora, sin duda, nos compromete a todos: individuos, familia, escuela, Estado.
- Caciquismo-caudillismo. Una de las constantes más perniciosas de nuestra historia es la veneración que las masas sienten por los hombres que poseen algún tipo de poder, se trate de caciques regionales, líderes sociales, ministros del culto, presidentes de los partidos o gobernantes. Baste recordar la hegemonía absolutista que tenía el Presidente en los tiempos de gloria del sistema político mexicano o los poderes exacerbados de los gobernadores y los alcaldes en épocas recientes, origen de latrocinios diversos que tienen a varios estados de la república en quiebra económica. A mayor sometimiento e idolatría, menor será la capacidad de la gente para ejercer contrapoderes colectivos, reivindicar su autonomía y establecer límites democráticos frente al autoritarismo y las arbitrariedades de los poderosos. A fin de vigorizar nuestra cultura democrática se hace indispensable quitarnos de complejos de inferioridad, empoderarnos como ciudadanos y no permitir que ningún cacique, caudillo, líder moral o gobernante en turno utilice su fama, su carisma y su poder económico o político para situarse por encima de las leyes y las instituciones.
- Corrección política. Uno de los flagelos que permea a la actual sociedad es el autoengaño y la hipocresía ideológica: lo que importa no son las evidencias del caso, sino lo que consideramos “políticamente correcto”. Utilizaré un sólo ejemplo: la tragedia de Ayotzinapa. A excepción de muy pocos periodistas y articulistas, nadie se atrevería a exponer públicamente los asuntos siguientes : a) Que las Normales rurales distan mucho de ser un modelo pedagógico de calidad; b) Que en Guerrero, el Ejército Revolucionario del Pueblo y otros grupos guerrilleros inciden en la politización radical de estas escuelas; c) Que es una costumbre de las Normales enviar a los jóvenes de nuevo ingreso a secuestrar camiones y bloquear carreteras para recabar dinero (el fatídico 26 de septiembre la encomienda era obtener recursos para poder ir a la marcha del 2 de octubre en México); d) Que la saña con la cual el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó a los estudiantes obedeció a dos razones: el aviso de que la mafia rival, Los Rojos, había infiltrado al colectivo estudiantil para camuflarse y así “calentar la plaza” de Iguala; y el miedo a que los normalistas reventaran la ceremonia del DIF en la cual la esposa del presidente municipal hacía proselitismo político (ya había sucedido tal cosa el año anterior); e) Que en la confusión la inepta y corrupta policía de Iguala se confundió y atacó a un autobús de futbolistas; f) Que el gobierno estatal de Ángel Aguirre, la PGR y el PRD (incluyendo a López Obrador y Marcelo Ebrad) tienen su cuota de responsabilidad al haber auspiciado, por pragmatismo electoral, el ascenso político del clan conformado por los hermanos Mazón y la familia Abarca (el presidente de Iguala ya tenía denuncias penales por homicidio), cuyos nexos con los restos del grupo criminal Beltrán Leyva eran conocidas por los órganos de inteligencia estatales y federales; y g) Que mientras no lleguen desde la Universidad de Innsbruck los resultados de las pruebas de ADN que corroboren las muertes de los estudiantes, el gobierno de Peña Nieto estará en un cuestionamiento permanente, asediado por una mezcla heteróclita integrada por clases medias resentidas con el gobierno por la reforma fiscal, de intelectuales que detestan al Presidente, de izquierdistas que anhelan el surgimiento de un movimiento social de masas que cambie el modelo económico actual, de profesores de la CNTE que ahora reavivan sus protestas para echar abajo la reforma educativa, y de grupos guerrilleros y anti-sistémicos (los anarquistas verdaderos, no los manipulados por Gobernación) que actúan en la clandestinidad y que ven en la actual crisis la oportunidad de oro para impulsar su proyecto revolucionario.
En este México alebrestado, el “sospechosismo” y el victimismo son pan nuestro de cada día. Muy escasas son las críticas argumentadas y los análisis profundos, y por ello predomina la diatriba y el insulto, tan fáciles de proferir al amparo de la cobertura tecnológica que brindan las redes sociales. Prevalecen los odios, no los razonamientos. Y por eso las contradicciones se vuelven una trampa sin salida. Cito un caso recientísimo: nos quejamos porque no se aplica el Estado de Derecho, afirmamos que se tiene que frenar y castigar el vandalismo de los jóvenes anarquistas o de la CETEG (que de tiempo atrás ataca con impunidad las sedes de los partidos políticos y los edificios públicos), nos enojamos porque al día siguiente de los desmanes los infractores salen libres, listos para repetir la misma escena. Pero cuando la policía interviene (la mayoría de las veces con exceso de fuerza y violando los protocolos) para repeler las agresiones de los violentos, resulta que éstos se convierten de la noche a la mañana en víctimas de la represión estatal, en presos políticos por los que hay que pedir su libertad inmediata.
No obstante los deseos del grupo político que encabeza el Presidente, consistentes en revivir parte del viejo presidencialismo autoritario, en intentar que su partido obtenga una mayoría plena en las cámaras durante las elecciones venideras (para no tener que recurrir a pactos políticos con la oposición) y en hacer todo lo posible para que Peña Nieto pase a la historia como el gran modernizador del país, la realidad nos muestra que es imposible el retorno a los tiempos de la “presidencia imperial”. El largo proceso de transición hacia la democracia ha rendido frutos que tenemos que ponderar positivamente si queremos ser justos con nuestra historia. Me refiero a la creación de instituciones como el IFAI, el INE, la CNDH, y a la existencia de un universo político plural donde las redes sociales, las ONGs y los medios de comunicación independientes impiden que, por ejemplo, el gobierno imponga su versión de los hechos, así lo demuestra el caso de Ayotzinapa. La sociedad mexicana, descontenta y harta por infinidad de razones legítimas, tiene energías suficientes como para comenzar a superar las lacras y los vicios que, aunque añejos, de ninguna manera constituyen una fatalidad.
Sés Jarhani, Uruapan, 23 de noviembre de 2014.