En 1846 el ejército norteamericano cruzó el río Nueces para invadir México, ese fue el comienzo de la última intervención de Estados Unidos a México. No obstante, en la actualidad el escenario se ha preparado para tener episodios semejantes pero en otro tenor. La presidente Claudia Sheinbaum ha buscado por todos los medios diplomáticos atenuar la influencia de Estados Unidos en la política mexicana. Pareciera que su administración es una mera representación no política sino empresarial de el desarrollo mexicano. Uno de los indicios que denota la debilidad de la política mexicana, es cuando en el último bastión se tiene que defender los aranceles a las remesas. Si México no tuviese una dependencia económica fuerte a las remesas, la autonomía de la economía mexicana no estaría delimitada por las contribuciones de los  migrantes a la ministración nacional. Hemos generado una dependencia económica que ha vulnerado el desarrollo y la estabilidad de México. Tanta es nuestra dependencia que requerimos, inclusive, de la capacitación de especialistas militares norteamericanos para la guerra contra el narco. Una guerra silenciosa que ya no se encuentra anunciada en los diarios y mucho menos en los medios electrónicos. Debido a la corrupción interna y a los nexos que tienen los poderes fácticos con el narco, las autoridades norteamericanas han retirado las visas a aquellos gobernadores de los cuales a través de la inteligencia, se han descubierto supuestos nexos con los grupos organizados de la delincuencia. La debilidad de un poder político vulnerado por el interés económico suscrito a las actividades ilícitas de los cárteles, ha mostrado una alarma en la debilidad de la política de Claudia Sheinbaum.

En 1846 México se encontraba en una crisis de caos político y con fuertes deudas para financiar las guerras internas que habían sucedido en los años anteriores (La guerra de los pasteles es un claro ejemplo de ello).

Hasta el día de hoy no hay una imagen clara de una presidencia que tenga el control del país y es claro que existe una crisis interna de la honestidad y transparencia de los gobernadores supuestamente vinculados a grupos delictivos (debido a una investigación realizada por el gobierno de EEUU) como el caso de Marina del Pilar Ávila(Gobernadora por el mismo partido en el estado de Baja California norte).