El poder de la calle en un Michoacán quebrado
No niego los derechos de la democracia;
pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos
mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo.
Henry F. Amiel. (1821–1881)
Por Carlos Monge
Michoacán padece, desde hace cuando menos dos décadas, un círculo vicioso generado por una izquierda premoderna y alentado por ciertas autoridades gubernamentales, que consiste en el despliegue de una agitación social permanente y de un activismo fáctico sin límites, por parte de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, de colonos y de profesores, que han hecho de la protesta pública un negocio a la medida de sus intereses, un bullyng bajo pedido y algo más.
Libertades tan preciadas como las de expresión y manifestación de las ideas, en otro tiempo tan nobles, tan prestigiadas y necesarias para establecer límites a los abusos de poder, han degenerado hasta convertirse en un obstáculo al crecimiento económico y en una fuerza que trasgrede los derechos de una mayoría ciudadana.
La opacidad que ha caracterizado a las negociaciones gubernamentales con sindicatos, organizaciones sociales, profesores y alumnos, por mencionar solo algunos ejemplos, han provocado que personas, sectores sociales. calles, carreteras, comercios y edificios públicos de nuestro estado, padezcan vejaciones, vandalismo, tomas, bloqueos, marchas, quemas de vehículos, mítines, paros laborales, caravanas vehiculares, invasiones de tierras y plantones en la vía pública, en un promedio de 5.75 ocasiones diarias, según un reporte de la Secretaría de Gobierno estatal, que registró un total de 2 mil 35 acciones de este tipo en 2013.
El récord histórico de marchas, tomas, bloqueos, paros y demás, registrados en las vías públicas y plazas de la entidad, con incidencia fundamental en la capital del estado, datan del sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, que arrojó las siguientes estadísticas:
- Año 2003: 831 tomas y alteración de la vida pública (2.27 en promedio, diarias)
- Año 2004: 710 tomas y alteración de la vida pública (1.94 en promedio, diarias)
- Año 2005: 570 tomas y alteración de la vida pública (1.56 en promedio, diarias)
- Año 2006: 939 tomas y alteración de la vida pública (2.57 en promedio, diarias)
- Año 2007: 1269 tomas y alteración de la vida pública (3.47 en promedio, diarias)
Las cosas no mejoraron durante la administración de Leonel Godoy Rangel, quien, por cierto, optó por ocultar en un cajón bajo llave las cifras de marchas, tomas y plantones de noviembre de 2010 a diciembre de 2011. A continuación, las cifras de movilizaciones y alteraciones de la vida pública que sí quiso transparentar ese gobierno:
- Año 2008: 1290 tomas y alteración de la vida pública (3.53 en promedio, diarias)
- Año 2009: 1214 tomas y alteración de la vida pública (3.32 en promedio, diarias)
- Enero-octubre de 2010: 895 tomas y alteración de la vida pública (4.22 en promedio, diarias)
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno estatal, los bloqueos de calles y la toma de edificios públicos son las acciones de lucha social y de protesta más comunes y constantes.
Tras una década de gobiernos perredistas y luego del retorno del PRI al gobierno estatal, la constante de tomas, marchas, bloqueos y plantones que agobia a la entidad se mantiene básicamente inalterada. Veamos:
- Año 2012: 1946 tomas y alteración de la vida pública (5.33 en promedio, diarias).
- Año 2013: 2035 tomas y alteración de la vida pública (5.57 en promedio, diarias)
- Enero a abril de 2014: 778 tomas y alteración de la vida pública (6.48 en promedio, diarias).
Durante el primer año de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, la toma de edificios públicos se colocó como la acción preferida por los manifestantes de toda laya, al sumar 358 en los 365 días del año; el segundo lugar lo ocupa la retención de vehículos, tanto públicos como privados, al sumar 313 durante el año; las marchas y bloqueos del espacio público se encuentran en la tercera posición, al sumar 254 eventos de obstrucción de la vía y la vida pública, en tanto que el bloqueo de calles, por sí solo, reportó 233 acciones de esta índole, para situarse en el cuarto lugar de las tácticas de estrangulamiento de la vida pública por manifestantes.
Un concepto a destacar, en el 2012, es el de vehículos quemados y/o destruidos por la turba social, que sumó un total de 42 unidades, la cifra más grave de la última década, mientras, por otra parte, se registró la retención ilegal de 160 personas por los manifestantes y se contabilizaron 87 bloqueos carreteros.
Durante 2013, la toma de edificios públicos se mantuvo como la acción más recurrente, al sumar 425 casos; le siguen las reuniones o asambleas en espacios públicos, que hicieron un total de 391; luego, la retención indebida y arbitraria de vehículos, con 215 casos reportados. Asimismo, destaca el crecimiento porcentual de bloqueos carreteros, que reportó 106 en el año, mientras en otros rubros se registraron disminuciones, como es el caso de la retención de personas, que sólo sumó 67, y el de autos quemados en la vía pública, que solamente sumó 22.
En lo que respecta al presente año, el promedio de los primeros cuatro meses ya alcanzó las 6.48 manifestaciones, protestas y plantones diarios en la vía pública, lo que representa un incremento del 9 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado, en que se registraron menos.
El pasado mes de abril concentró el mayor número de manifestaciones de este 2014, con 285; es decir, uno de los meses más complicados del año, sólo superado por octubre de 2013, que sumó 288 acciones de protesta y actos vandálicos.
En abril, además, se registró una de las movilizaciones más ríspidas por sus funestas consecuencias. El día 9, en la salida de Morelia a Salamanca, un automovilista que discutió e intercambió algunos golpes con los manifestantes, arremetió con su vehículo contra estudiantes normalistas e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), con saldo de 12 heridos. El acontecimiento prendió las luces de alerta en algunos –no tanto en otros- ante la posibilidad de que semejante acción, motivada por la impaciencia y el hartazgo social, pueda repetirse en ciudadanos que se sientan afectados.
En el mismo mes de abril, el cuarto mes del año, se registró el mayor número de vehículos indebidamente retenidos en el periodo de los últimos 16 meses, con un total de 112.
Los números arrojan, a simple vista, que los grupos contestatarios, sociales y sindicales, a través del ruido y las diversas manifestaciones de protesta, casi siempre obtienen los resultados que quieren, lo cual refuerza el círculo vicioso y hace que los paros y movilizaciones cada día sean más.
Estos grupos, asumen que a las autoridades se les doblega afectándoles la imagen pública, así que no tienen empacho en afectar a terceros con tal de lograr sus objetivos. El fin justifica los medios. A ello hay que sumar que los gobiernos no han podido cumplir las expectativas que ellos mismos crearon y, peor aún, que no han podido hacer de la transparencia un instrumento de gobierno, lo que aprovechan los quejosos para lograr prácticamente cualquier cosa, con o sin razón.
La ola de dudas sobre la corrupción y los escándalos de enriquecimiento ilícito, de administraciones pasadas y actuales, les dan más argumentos a los manifestantes, que en muchos casos logran información privilegiada con la que terminan sometiendo a cuanta autoridad se les ponga enfrente. En esta circunstancia encajan, también, instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
A semejante escenario hay que sumar las débiles leyes que en dicha materia tenemos. Por ejemplo, la figura penal denominada “Robo de Uso”, es la que ha permitido que –preponderantemente grupos estudiantiles- puedan tomar cuantas unidades vehiculares quieran, y cuantas veces quieran, sabedores de que no pasará nada.
Por cierto, la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) acumula cerca de 2 mil denuncias que ha interpuesto la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (CANAPAT), en los últimos quince años, sin que haya resultados hasta la fecha.
La organización ciudadana, para lograr mejoras y hacer respetar los derechos sociales, es indispensable en cualquier democracia. La lucha por mejores condiciones laborales, por cualquier sindicato, es loable y digna de aplauso –solo si se justifica- en una sociedad que se precie de democrática.
Lo que no puede, ni debe permitirse, es que dichas manifestaciones transgredan el derecho de otros, violenten las leyes y el orden público y alienten las negociaciones con el gobierno en la opacidad, como lamentablemente se hace todavía en Michoacán. Ni autoridades ni buena parte de los líderes de grupos sindicales y sociales gustan de la transparencia. Ambas partes prefieren negociar a puerta cerrada, aunque luego cada cual salga a decir cosas totalmente diferentes. Así, el poder de la calle doblega a la autoridad, debido a su tibieza, a su falsa idea de tolerancia y a su mal entendida “prudencia”, y no por los “argumentos” de los manifestantes.
Ya en su libro El futuro de la democracia, el politólogo italiano Norberto Bobbio advertía que entre las promesas incumplidas de la democracia se encuentra la de dar vida a la transparencia del poder, al poder sin máscaras, lo que sigue siendo una promesa incumplida entre nosotros.
Vale decir que el análisis de las manifestaciones, el derecho a la organización social y a fortalecer la vida de los sindicatos, como un derecho fundamental de cualquier entidad democrática, son temas extraordinariamente complejos y donde intervienen cualquier cantidad de aristas e intereses.
Más allá de una conclusión al respecto, misma que por cierto ya acumula un debate de miles de años sin encontrar el punto de equilibrio, nos lleva a formular un punto de vista utópico: a insistir en que figuras como la transparencia y la rendición de cuentas, ayudarían decididamente a tener una mejor sociedad y mejores estándares de gobierno y calidad de vida.
Lamentablemente, en el marco de los bloqueos, marchas, plantones, paros laborales y huelgas que nos agobian, es común encontrar señalamientos de corrupción entre unos y otros, pero pocas veces, por no decir ninguna, dichas acusaciones llegan a los tribunales.
Baste recordar cuántas veces el gremio magisterial y las autoridades estatales se han acusado mutuamente de solapar aviadores en la Secretaría de Educación, pero en los hechos no ha pasado nada. Tras los acuerdos en lo oscurito los temas se olvidan, hasta que llega la firma de otra minuta o la revisión de otro contrato laboral, donde, por cierto, el gobierno en turno no tendría por qué negociar con la CNTE, toda vez que no goza del reconocimiento oficial.
El círculo vicioso que le ha dado tanto poder a marchas, bloqueos y plantones en nuestra entidad, tiene su fundamento en la creación de grupos o sindicatos alentados por partidos y personajes políticos –e incluso gobiernos- para forjar negociaciones pervertidoras o “alianzas estratégicas” que ni la democracia ni la ley aprobarían.
En suma, hace falta practicar una cirugía de fondo al sistema de relaciones políticas que priva en nuestra entidad, al manejo invisible y poco aseado de ciertas organizaciones sociales, y a quienes -desde las sombras- inducen o tripulan tomas, marchas, bloqueos y plantones, hasta hacer de la nuestra una democracia viable.
[1] Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Edit. Fondo de Cultura Económica, tercera edición, 2001. Pág. 37.