13 octubre, 2016

CNTE: ¿Educación o guerrilla popular?: Eduardo Pérez Arroyo

CNTE: ¿Educación o guerrilla popular?

 

 

El ignorante tiene valor; el sabio miedo.
Alberto Moravia

 

El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla.
Enrique Tierno Galván

 

Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en actos.
Gustave Le Bon

 

Por Eduardo Pérez Arroyo

 

A esta altura quedan pocas dudas: el gobierno federal claudicó ante la CNTE.

 

Tras Nochixtlán, que básicamente sirvió para resucitar a una CNTE que venía en picada, ya no es descabellado decir que la Reforma Educativa propuesta por el gobierno federal fue un error no forzado del gobierno. Peña Nieto ordenó revertir la bancarización de pagos salariales, las sanciones a los maestros faltistas y, principalmente, el despido de los que no daban el ancho.

 

Otro error, otro más de la era Peña Nieto.

Mientras, el presidente sigue a los tumbos. Su desgaste lo hace aparecer hoy como uno de los políticos peor valorados del continente americano y arrastra también a su partido. Según un sondeo del lunes 15 de agosto del diario Reforma, el Revolucionario Institucional (PRI) perdería el poder si hoy fueran las elecciones.

Según la encuesta, realizada a 1.200 mexicanos y con un margen de error del 3’3%, el conservador Acción Nacional (PAN) lograría la presidencia de México al obtener un 27 % de los votos frente al 22 % que conseguiría el PRI, a pesar de que ni siquiera tienen candidatos definidos.

¿Qué significa? Que la Reforma Educativa fracasó. Ni más ni menos.

 

Los hechos

 

Para sustentar la afirmación, apenas un ejemplo: la madrugada del pasado 30 de julio fue liberado Efraín Picaso Pérez, dirigente de la CNTE acusado del robo de diez mil libros de texto gratuitos y señalado por cobrar cuota a organizaciones de ambulantes en Oaxaca.

 

Ya no se trata de despedir a los malos maestros; el poder de la resucitada CNTE es tal que hoy ni siquiera es posible aplicar justicia a los delincuentes que forman parte de ella.

 

Michoacán es uno de los puntos álgidos de esta discusión. El pasasdo 3 de agosto el gobernador Silvano Aureoles sostuvo una reunión privada con líderes empresariales locales. Aureoles fue honesto: “contra mi voluntad, por orden de la Federación, debemos dar marcha atrás en las medidas anunciadas”. Silvano, así, hizo explicíto el fracaso del gobierno y el triunfo de la CNTE.

 

Entre otras medidas, anunció Silvano, la más grave es que se negoció que los gobiernos federal y estatal revirtirtieran el cese de 1,320 maestros que durante el mes de abril faltaron más de tres días a sus labores. Se desechó, así, una medida que era uno de los pilares de la Reforma.

 

En ese momento, la Federación dio otra clara señal de que el país le queda grande. Y en concordancia, el conflicto amenazó con escalar. El 5 de agosto las cámaras empresariales, con toda lógica, rechazaron que la ley se aplique a rajatabla para algunos y permita la impunidad total a otros. Y ese mismo día amenazaron con presentar en cero sus declaraciones de impuestos –es decir, no pagar ni un peso– como respuesta a la omisión gubernamental ante bloqueos de la CNTE.

 

Dirigentes y legisladores de PRI y PRD rechazaron la medida, que finalmente no se ejecutó (pero dio una muestra de cómo están las cosas). El panista Marko Cortés respaldó la demanda, porque “el gobierno debe cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad y garantizar el libre tránsito”.

 

Hoy la amenaza patronal está latente. De cumplirse, un sector –por convicción o convenciencia– históricamente cuadrado con la legalidad, demostraría que estamos en presencia de la confirmación total de un estado fallido.

 

¿Alguien se acuerda de cómo arreciaron las críticas contra el expresidente uruguayo José Mojica cuando, en 2015, aseguró que México era un estado fallido? Mojica tenía razón.

 

En el estado fallido mexicano, Peña Nieto ni siquiera tiene la capacidad de explicar decentemente en el extranjero lo que ocurre en nuestro país (aún cuando la imagen internacional de México es otra de sus obsesiones). Hoy, tras los hechos de Noxchitlán, afuera se considera que el estado mexicano es casi una organización criminal. Y no hay nadie en este momento –ni el presidente, ni el secretario de gobernación, ni el secretario de Educación, ni ningún líder de primera línea– con el carisma, la altura o la capacidad para revertir esa percepción.

 

Hoy dos cosas quedan claras. Primero: en el fracaso de la Reforma Educativa la culpa no es achacable a los estados sino a la Federación, que primero anuncia, declara y entusiasma y después se esconde. Segunda: que, si se toma en cuenta Ayotzinapa, la Casa Blanca, la cancelación de un proyecto ferrocarrilero con los chinos, el –hasta ahora– nulo beneficio de las reformas económicas para los mexicanos de a pie, y ahora la fallida Reforma Educativa, lo único que queda esperar es que llegue pronto el 2018 para que los actuales inquilinos de Los Pinos se vayan de una vez.

 

Noxchitlán: ¿Guerrilla? ¿Narco?

 

La violencia desatada en todo lo que respecta a la CNTE no es exageración. Los hechos lo demuestran.

 

De gravedad extrema, absolutamente extrema, resultaron las revelaciones que hizo el día 7 de agosto el ombudsman oaxaqueño, Arturo Peimbert, respecto de los hechos que concluyeron en la muerte de al menos 8 personas en Noxchitlán el pasado 19 de junio. Sus comentarios fueron portada de varios medios nacionales a esta hora y atrajeron la atención de decenas de columnistas.

 

Los dichos del defensor de los derechos humanos parecieron confirmar lo que muchos ya sospechaban: la presencia de grupos fuertemente armados en medio de las protestas de la CNTE.

 

Peimbert citó el informe del encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería de Oaxaca, José Luis Rincón Alvarado. El informe dice varias cosas; el detalle principal es que la primera muerte de la jornada ocurrió cerca de las 09:00 de la mañana, es decir, más de una hora antes de la llegada de la Policía Federal. El informe de Rincón subraya que al llegar al lugar, policías y civiles ya eran agredidos con armas de fuego desde el lado de los manifestantes.

 

Peimbert también habló de “diferentes armas que se utilizaron, inclusive de algunos artefactos que generaban una diseminación como de esquirlas metálicas que también lastimaron”. Y Rincón agregó que él mismo vio que “algunas personas portaban armas de fuego largas, que accionaban contra los integrantes del personal policial ubicado en el lugar”.

 

¿Quién, fuera de la policía, usó armas largas en Noxchitlán? ¿Quiénes tienen acceso a granadas de mano u otro tipo de armas que son capaces de diseminar esquirlas metálicas? ¿Estamos en presencia real de una incipiente guerrilla bajo la égida del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente? ¿Se avecina en México un nuevo gripo de las características del EZLN? ¿Quién mató al primer muerto? ¿A quién le conviene convertir, otra vez, al país en un caos?

 

En Oaxaca, lo confirman cada vez más voces, en este momento se gestan varias organizaciones de carácter francamente subversivo, muchas de ellas amparadas bajo el dinero que obtiene la CNTE. Se habla de 13 grupos, unos más radicales que otros. Todos, finalmente, con intenciones más amplias que el tema de la educación.

 

Pero hay también otra posibilidad. ¿Fueron los narcos? ¿Regresa el imperio del crimen organizado?

 

De ese tamaño son las preguntas que arrojan los últimos datos sobre Noxchitlán.

 

¿Qué quiere la CNTE en México?

 

Mientras tanto, la CNTE hace su negocio. Y el negocio centista hace rato que superó el tema de la Educación.

 

Hay que partir de los datos.

 

Al menos 13 grupos indentificados componen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca.

 

El primero es la UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. Sus líderes son Omar Garibay, Rogelio Vargas y Gabriel López. Su ideologíoa es marxista y tiene nexos con lo que queda del Partido Comunista mexicano.

 

El segundo es la Coordinadora de Bases (CB). Según el diario Milenio, forma parte del Bloque Democrático Magisterial y tiene presencia en Los Valles, Tuxtepec y Mixteca. Consideran obsoleta a la estructura magisterial nacional, por lo cual promueven una vía paralela. Su objetivo: posesionarse en las presidencias municipales de esa entidad.

 

El tercer grupo es Sangre Nueva (SN). Dice Milenio que la dirige Azael Santiago Chepi, hoy bajo la lupa por supuestos nexos con el gobernador Gabino Cué y por incorporar arbitrariamente a los profesores de Oaxaca a un sistema de seguros que en realidad es un negocio multimillonario, orquestado por Jorge Castillo, cercano al mismo Cué. Su área de operación es la Sierra Norte del estado.

 

Otra es Praxis, hoy subdividida en las facciones Original y Heberto Castillo. Ambas tienen nexos directos con el temido Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); más adelante nos detendremos en este punto.

 

También está la Liga Clasista (LC), a la cual se atribuyen nexos con el maoísmo internacional, especialmente venido de Perú. En su interior exponen analistas y detractores, hay fuerte presencia del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, que sería a su vez fachada del grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso.

 

Un séptimo grupo es la Coordinadora Democrática Magisterial (Codemo), liderado por Erangelio Mendoza. En 1992, Erangelio logró una de esas situaciones que sólo pueden ser normales en México: que el entonces gobernador Heladio Ramírez firmara un documento que permitía a la CNTE ser parte de la administración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Este grupo también tendría nexos con guerrillas y el propio ERPI.

 

Derivación del anterior es la facción de Codemo liderada por Mario Olivera. En 2013, Mario Olivera fue detenido por la Policía Federal acusado de participar en el secuestro de los menores Álvarez Benfield, hijos de Juan José Álvarez Candiani, monopolista de la venta de medicamentos al Seguro Popular. Muchos, hasta hoy, aseguran que se trató de un montaje; Olivera sigue preso.

 

Grupos de menor posicionamiento mediático son Grupo Magisterial de la Costa, Grupo Magisterial Revolucionario, Frente Cívico Hualteco, La Otra Campaña y la Coalición de Promotoras Bilingües.

 

De todos los anteriores, los relacionados con el ERPI y con los maoístas deben atraer la mayor atención. Sucede que la estrategia final de los grupos de la izquierda campesina –y el maoísmo es, en esencia, la vía campesina para la instauración del comunismo– es la desestabilización violenta, permanente y estructural de un país o una región determinada, para abrir paso a la asonada obrera y campesina que finalmente nos liberará -dicen- del yugo imperialista de las fuerzas trasnacionales que mantienen al pueblo en la opresión (el lenguaje florido no es gratuito: el propio ERPI señala explícitamente entre sus objetivos, la promoción de las autodefensas armadas, la instauración del comunismo, la nacionalización de la banca, Televisa y TV Azteca y el desconocimiento total de la deuda externa de México).

 

Para entender todo este esquema, y de paso para entender los últimos movimientos de la CNTE en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México, hay que partir de una premisa fundamental: la supuesta lucha por la educación ya caducó. La educación en México es tema superado y ahora van por más. De lo que se trata, ahora, es de extremar las desigualdades, subvertir las condiciones sociales y finalmente derribar el orden burgués.

 

De lo que se trata es, finalmente, de lograr el viejo y trasnochado sueño izquierdista de acelerar la inevitabilidad histórica e instaurar la Revolución.

 

Así está México hoy. Desbandado, sobrepasado por todos los flancos. Y para la CNTE, en ese camino, la violencia es el mal menor.

 

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