El Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución más importante de la democracia mexicana, porque es el único filtro legal y legítimo para acceder al poder o para permanecer en él.
Siendo eso, el INE es la mejor garantía -junto con el Tribunal Electoral- para preservar una democracia sólida y de calidad en México, donde sean respetados los derechos electorales de todos los ciudadanos, independientemente del color y las siglas de su militancia.
El INE es al sistema democrático lo que la ley al Estado: sin cualquiera de ellos, la competencia electoral sería injusta y dispareja y la convivencia colectiva la ley de la selva.
Hay quienes, con el criterio obtuso y muchas teorías de la conspiración encima, creen y afirman sin evidencia que el INE es instrumento de intereses diabólicos y casi un vómito del infierno. En el colmo de la desmesura, incluso han llegado a reiterar que es el INE quien realmente “pone en riesgo las elecciones en México”, porque viene del pasado y sirve -dicen ellos- a “los intereses de la oligarquía”.
Al margen de que quienes tales cosas afirman traen una confusión de categorías endemoniada, pues olvidan la utilidad de una institución e ignoran quién ocupa el lugar de los oligarcas, el nivel de la confrontación en estos temas anticipa una larga y sinuosa batalla legal sin parangón en nuestra historia.
Al margen de los enfoques y valoraciones que pudiera haber en uno de los bandos, parece que la 4T comienza perdiendo la batalla legal que se avecina, primero porque no logró imponer a una ministra servil en la presidencia de la Corte y, segundo, porque tampoco consiguió salirse con la suya en la elección de magistrado presidente del Tribunal Electoral, apenas en enero pasado. ¡Y qué bueno que así haya sido!
El Plan B de la reforma electoral, luego de que no pudo descabezar al INE ni modelarlo según el interés gubernamental, ahora se propone desmantelar y limitar sus funciones y dejarlo como un instrumento tullido de la democracia mexicana, porque en el fondo se teme a un árbitro imparcial y a una calificación neutral de las elecciones.
Esto explica que alrededor del fortalecimiento del INE se haya dado paso a toda una familia de gárgolas y figuras fantásticas: lujos y prebendas de la oligarquía, instrumento para el intercambio de favores y el enriquecimiento personal, poderes omnímodos y antidemocráticos que siempre se atribuyen a los de enfrente, acoso racial contra la “nación chichimeca” del Córdova Vianello de 2015 y, maquiavélicamente, hasta el García Luna de Brooklin formando parte de la estruendosa espiral del delirio.
Desde nuestra perspectiva, ni el tema electoral mexicano es materia jurídica en la Corte de Brooklin, ni los alegatos sobre la hamponidad de García Luna tienen nada que ver con las cuñas y astillas de una controversia muy nuestra. Si el delirio de un descuadre mental provoca espectros presenciales en alguien, pues que ese alguien se atienda en el diván que corresponda.
Los ordenamientos legales que irán a litigio en los meses que vienen son seis, sobre comunicación social, responsabilidades públicas, instituciones y procedimientos electorales, partidos políticos, medios de impugnación en materia electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el recorte de más de 80 por ciento del personal especializado del INE, junto al hecho de pretender hacer a un lado el artículo 41 constitucional, que establece límites y modalidades a la propaganda gubernamental, parecen dos de los aspectos más delicados del Plan B presidencial.
La reforma electoral, con todo y la eventual ratificación o sentencia de la Suprema Corte, deberá estar lista a más tardar el 2 de junio de este año, para que pueda ser aplicada en todo lo concerniente al proceso electoral de 2024. Si no ocurre así, la norma que rija la contienda del año entrante será la actual.
Lo inconstitucional no es lo que contraviene, sino lo que se aparta del texto constitucional plasmado en normas y principios de observancia general; lo anticonstitucional, en cambio, es lo que se opone a la norma constitucional y la contradice de forma expresa. En ambos casos, siendo la Carta Magna ley suprema, tanto lo que se aparta de ella como lo que la contradice deben ser combatidos en litigio con los procedimientos y formalidades que ella misma establece.
Hay en el Plan B electoral alrededor de 73 artículos de pésima manufactura, que no sólo se apartan, sino que contradicen el espíritu y la letra del texto constitucional, lo cual dará lugar a una cascada de litigios en dos vías: la del juicio de inconstitucionalidad y la de la controversia constitucional, que serán ampliamente transitados por los expertos en derecho electoral del INE, los partidos políticos, las organizaciones sociales y los ciudadanos.
La Suprema Corte, siendo el máximo y último tribunal de control constitucional, será la que al final resuelva a quién asiste la verdad jurídica y a quién no, respecto a los diferendos que hoy polarizan y dividen a nuestro país en materia electoral.
Pisapapeles
El triunfo de esta batalla legal y política será, al final del día, para los verdaderos demócratas: aquellos que tienen la racionalidad en su lugar.
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