Por: Héctor Ceballos Garibay
Desde los tiempos aciagos de la “matanza de Tlatelolco”, no había ocurrido en México una tragedia de derechos humanos tan dolorosa como la derivada de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. El reciente Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicado el 6 de septiembre, pone otra vez el tema en el vórtice de la polémica, sobre todo porque a casi un año de los funestos acontecimientos todavía hay más dudas que respuestas, y porque la actual revisión de este asunto ha destapado una caja de Pandora en donde salieron a relucir los vicios y las lacras de todos los involucrados: los gobiernos municipal, estatal y federal, los periodistas e intelectuales, los movimientos sociales, los organismos no gubernamentales, y las propias comisiones nacionales e internacionales encargadas de investigar el caso.
Para intentar salir del actual torbellino de descalificaciones y superar las visiones maniqueas y sesgadas que pululan por doquier (donde se confrontan sobre todo las visiones ideológicas que están a favor o en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto), proponemos los siguientes puntos que podrían ayudar a ordenar y dotar de sentido al cúmulo caótico de datos que cada grupo e individuo utiliza conforme a sus filias y fobias, sin reparar en la complejidad del asunto y en que todavía hay infinidad de cuestiones que requieren ser investigadas y esclarecidas antes de arribar a una verdad legal y científica que, asimismo, derive en una plena impartición de justicia de cara no sólo a las familias directamente afectadas, sino también al agravio padecido por la sociedad mexicana.
Los yerros de la PGR. Dada la gravedad de los acontecimientos, el gobierno federal debió haber atraído la investigación del caso inmediatamente, y no de manera tardía, sobre todo porque la Procuraduría del estado de Guerrero estaba en el ojo del huracán, acusada de ser juez y parte en los hechos a través de las ligas políticas del gobernador Ángel Aguirre con el presidente de Iguala, José Luis Abarca. En este tenor, igualmente resulta una falta inadmisible de la PGR el no haberle tomado declaración ministerial al ex mandatario estatal. Gracias al informe de la GIEI, ahora la PGR ha revelado que sí sabía del quinto autobús, y que por motivos políticos: tratar de no involucrar a los normalistas en el asunto del tráfico de droga, ocultó información y derivó el grueso de sus investigaciones hacia la búsqueda del grupo delictivo Guerreros Unidos, dirigido por el alcalde de Iguala y su esposa María de los Angeles Pineda. Al construir una narrativa a fin de no irritar a la sociedad civil ya demasiado indignada, y en donde los estudiantes aparecían como víctimas inocentes y los narcopolíticos como los únicos culpables, la PGR dejó de investigar a las autoridades de la Normal de Ayotzinapa, principalmente a su director, sospechoso de tener complicidad delictiva con Los Rojos, el grupo rival de los Guerreros Unidos. Jamás, pues, se indagó para averiguar quién mandó a esos estudiantes de recién ingreso a su trágico destino, una omisión injustificable dado el objetivo jurídico de alcanzar una versión integral de los hechos. Acosado por la urgencia política del momento, el colmo de estos yerros fue la frase inexacta y desafortunada del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, de que la PGR tenía la “verdad histórica” de lo sucedido en Guerrero.
Los errores de la comentocracia “políticamente correcta”. También la mayoría de los periodistas y articulistas ligados a las buenas causas ciudadanas no han investigado en forma sistemática e independiente cuestiones como: la relación política de las normales rurales con los grupos guerrilleros existentes en el estado; las rivalidades añejas de la Normal de Ayotzinapa con los políticos de Iguala, particularmente con el clan de Abarca-Pineda, cuyos actos políticos solían ser boicoteados por los estudiantes en el marco de las disputas entre Los Rojos y Guerreros Unidos; los costes educativos y sociales de los usos y costumbres de las Normales Rurales, consistentes en secuestrar camiones, bloquear carreteras, demandar plazas automáticas y oponerse con actos violentos a la actual reforma educativa; la responsabilidad política de los líderes del PRD y de López Obrador, quienes aconsejados por el hombre fuerte del municipio, Lázaro Mazón, permitieron que José Luis Abarca, una persona acusada de varios asesinatos, llegara como candidato externo de ese partido al cargo de alcalde de Iguala. Así entonces, a la hora de ejercer el periodismo crítico, no se vale condenar sólo al gobierno en turno y hacerse de la vista gorda con las tropelías de los grupos de oposición afines.
Aciertos y desaciertos del Informe del GIEI. No obstante que muchos analistas han considerado que el Informe es un golpe demoledor a la versión de la PGR, hay que subrayar algunas de las coincidencias entre ambos organismos, pues esas similitudes resultan fundamentales: a) que las disputas por las drogas (mariguana y heroína) están en el trasfondo de los hechos de Iguala, móvil que asimismo explicaría la crueldad con la que se cometieron los asesinatos, al grado de desollar, torturar, calcinar y esconder los cadáveres con gran meticulosidad; que el ejército, si bien no ha permitido interrogatorios a sus soldados y aunque sí estuvo informado de los hechos delictivos de aquella noche, de ninguna manera fue responsable de los mismos (insensata resultó la obsesión de algunos familiares de buscar a sus hijos en los cuarteles). ¿Por qué no intervinieron los militares a fin de impedir los crímenes? Hipótesis: de haber intervenido hubieran tenido que enfrentarse a los cuerpos policiacos de Iguala, fuertemente armados y al servicio del clan Abarca-Pineda, provocando con ello una matanza de mayores proporciones. La inteligencia militar sabía de la connivencia corrupta de policías, políticos, jueces, ministerios públicos y narcotraficantes en la región, así que los soldados recibieron órdenes de no intervenir, limitándose a registrar lo sucedido. Sin duda, pecaron de omisión y hasta de complicidad, pero ellos no fueron los autores materiales ni intelectuales, tal como lo reitera el informe del GIEI. Además, una refriega militar momentánea no basta para erradicar narco-municipios como los que prevalecían en Iguala y Cocula. Respecto a las insuficiencias del informe, resalta la fe ciega que tiene la comisión en el estudio realizado por el perito José Torero, contratado por el GIEI, quien sólo estuvo 20 minutos en el basurero de Cocula, a diez meses de los sucesos, cuando ya el escenario del delito había sufrido importantes alteraciones. El planteamiento del especialista en el sentido de que resulta imposible quemar 43 cuerpos en un campo abierto y en un plazo de 24 horas, pudiera ser científicamente correcto (aunque algunos expertos aseveran que tuvo fallas técnica graves, por ejemplo: se equivocó en la dirección del viento), pero tal conclusión no descarta de manera total y definitiva la hipótesis de la PGR, por dos consideraciones: 1- Tal vez los criminales no quemaron los 43 cuerpos sino sólo unos cuantos, lo cual entonces cambiaría las ecuaciones aritméticas de medición entre el calor, la masa, la velocidad y los tipos de combustible requeridos; y 2- El hecho de haber encontrado los restos de Alejandro Nora, según lo demostraron los estudios de ADN realizados por la Universidad de Innsbruck (no fue posible certificar los otros vestigios humanos dado el grado de su descomposición), se convierte en un documento incontrovertible de que sí hubo incineración y de que, tal como lo declaran los autores confesos, ellos arrojaron las bolsas repletas de huesos y cenizas al río San Juan. En asuntos tan complejos, donde los científicos forenses discrepan entre sí, la solución de sentido común es buscar una tercera o cuarta valoración, con nuevas indagatorias que sean más completas y rigurosas. Otra inconsistencia: el hecho de que los autobuses hayan llegado más tarde, cuando ya se había terminado el festejo del DIF, en el cual la señora Pineda hacía campaña proselitista para lanzarse como candidata a relevar a su marido como alcaldesa, no es prueba de que los jóvenes no hubieran sido enviados a Iguala con la finalidad de reventar el convivio. De otro modo no se explica su presencia en esa plaza peligrosa, la cual no se ubica camino hacia la ciudad de México y cuando aún faltaban seis días para la conmemoración del 2 de octubre. Más allá de las inconsistencias arriba expuestas, debemos celebrar que actualmente están siendo procesados más de cien personas por este crimen. Un reconocimiento aparte merece el gobierno federal por haber abierto la puerta y sufragado los gastos de una comisión investigadora autónoma cuyos juicios han afectado su imagen pública, lo que no impidió que se les concediera una prórroga a fin de facilitar la conclusión de sus pesquisas.
Inmersos en esta tragedia, ojalá asumamos este intenso debate sobre el caso Ayotzinapa como una oportunidad para comenzar a superar los lastres que caracterizan nuestra realidad sociopolítica: la debilidad institucional, la descomposición del tejido social y la carencia de una tradición de discusión pública en donde no prive la descalificación y el insulto, sino la racionalidad y la aceptación tolerante de las discrepancias.
13 de septiembre de 2014.
POSTSCRIPTUM
Dada la importancia capital de las más recientes revelaciones sobre el caso Ayotzinapa, se añaden los siguientes puntos a la discusión actual:
- La certificación por parte de la Universidad de Innsbruck del material genético de un segundo estudiante, Jhosivani Guerrero, cuyos restos fueron recuperados en el basurero de Cocula. Y si dos estudiantes ya fueron identificados, resulta insostenible afirmar que no hubo incineración alguna en dicho lugar.
- La captura de Gildardo López Astudillo, jefe del comando de sicarios de Guerreros Unidos, acrecienta el número de periciales que corroboran la versión de que las policías municipales de Iguala y Cocula se enfrentaron, retuvieron y entregaron a los estudiantes al comando criminal que finalmente los asesinó y desapareció. ¿Podría la PGR recabar de los detenidos más de cien confesiones –todas coincidentes- sobre la base de la manipulación y la tortura?
- El periodista Héctor de Mauleón ha aportado datos que la PGR se niega a indagar y revelar: el papel relevante que tuvo en aquella trágica noche la infiltración y posible complicidad de directivos y normalistas de Ayotzinapa con Los Rojos, quienes fingiéndose estudiantes e infiltrados con los muchachos de primer ingreso, secuestraron camiones (que iban acompañados de camionetas Urban) para viajar hacia Iguala a fin de asesinar a la familia Benitez, capos de Guerreros Unidos. Y esta feroz disputa por el control del mercado de estupefacientes, explicaría el porqué de una matanza tan despiadada, convertida ya en un problema que tiene en jaque al gobierno federal y del cual sacan raja política los grupos anti-sistema.
2 de octubre de octubre de 2015