Los cuerpos de autodefensa que arman los pueblos para resistir y repeler a los cárteles criminales en distintas partes de Michoacán y el país, existen porque no existe el Estado ni el régimen constitucional en esos territorios.
Las familias que han dejado su casa o su rancho, sus animales y bienes por la extorsión o la amenaza de quien dice ser jefe de plaza o lugarteniente de aquel, suman más de 70 mil sólo en Tierra Caliente y su drama ilustra la indolencia, la falta de empatía, la indecencia e insensatez de la seudo estrategia de seguridad del actual gobierno.
El productor agrícola que tiene que plegarse al precio que ponga a sus frutales y hortalizas el hampón de la región, el ganadero que no puede cerrar un trato por una amenaza de extorsión que le congela la sangre y el industrial obligado a cerrar su fábrica porque tiene a las fuerzas oscuras encima, son cicatrices al viento de un país que al equivocar su apuesta erró el rumbo.
Y todo esto ocurre, a pleno sol, porque entre nosotros hace años el Estado comenzó a ser una vacilada, un cascarón, una treta, un catálogo de inutilidades, e inició la quiebra del principio de autoridad.
A la luz de esta negra realidad, que agobia a miles y miles de mexicanos y michoacanos, suena a burla que desde la Presidencia de la República se alienten abrazos, apapachos y arrumacos hacia los criminales convictos que someten a poblaciones enteras y tienen en la zozobra y el miedo a campesinos, comerciantes y productores agrícolas.
Para secundar esa estrategia, en lugar de desmarcarse de ella, ya el gobernador Ramírez Bedolla declaró que la “pacificación” de la entidad va a tomar tiempo, por lo menos algo así como seis años. Y lo dijo sin rubor y sin vergüenza.
No es sorpresa que las autoridades de Morena ignoren, ladina y perversamente, que en su origen histórico y constitucional el poder se constituye como la voluntad de un orden, para la cual no caben concesiones, salvedades ni excepciones. Es decir, el poder se ejerce dentro de la ley, no sólo para evitar que la maldad de los malos dañe a los buenos, sino para que sean el bien y los buenos los que tengan predominio en la ranchería, el pueblo, la sociedad.
Tampoco sorprende que las máximas autoridades de Michoacán y el país ignoren lo que tanto se ha dicho, y que es materia de rutina en una clase de derecho constitucional: que la primera obligación del Estado, la más irrenunciable e ineludible, es brindar seguridad y protección a la vida, a los bienes y a los intereses de los ciudadanos, para que puedan desarrollarse en paz y ser productivos en un clima de libertad.
Pueblos y comunidades fantasma en Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Coahuila, porque la sombra ominosa del narco terminó generando grandes masas de desplazados y acentuando la hiel del desarraigo, es una estampa que no parece lejana en otros estados del norte y el pacífico gobernados por el partido del presidente.
Si la violencia y la inseguridad se han desbordado y hecho metástasis, en Michoacán y el país, no es por culpa del Tío Sam -como arguyen los profesionales del antiyanquismo- ni del Banco Mundial, sino de la inepta burocracia mexicana que asume como política de seguridad lo que empodera al delito y al delincuente.
Levantarse a las cinco de la mañana para encabezar reuniones insulsas del Gabinete de Seguridad, no es una hazaña sino una tomadura de pelo, cuando cada día vemos extenderse la geografía del delito y el país suma 100 mil homicidios dolosos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.
Combatir con saliva mañanera a la nube de malandrines y al caudal de malosos que sobrepueblan Michoacán y el país, puede ser visto por algunos como señal de que los tiempos están cambiando. No hay tal: para matar de risa al malandro y al crinolino basta contarles el cuento de que hubo un presidente que los trajo asoleados a puro golpe de saliva, e invitándolos cordialmente a portarse bien.
En este contexto, no parece lógico ni congruente que el gobernador Ramírez Bedolla no disponga de una visión estratégica para combatir a la delincuencia con resultados, y que a cambio desautorice, como hizo hace días, el movimiento de autodefensas de Santa Clara, Ario de Rosales, Pátzcuaro, Uruapan, Ziracuaretiro, Taretan y otros pueblos, por el sólo hecho de hacer por sí mismos lo que el Estado no puede o no quiere hacer.
El movimiento de autodefensas no sólo tiene la legitimidad de ser “pueblo” que defiende al “pueblo”, sino algo más: es la base moral de un instrumento popular surgido entre el rostro abominable de la delincuencia y la incompetencia del Estado, no para dañar ni destruir nada, sino para garantizar la integridad de su vida, de sus bienes e intereses.
Cuando el Estado, por contubernio o ineptitud, no puede o no quiere garantizar el respeto a la vida y al patrimonio de los ciudadanos y sus familias, alguien más debe hacerlo. La pregunta es: ¿quién? La respuesta ética es: quien pueda y esté dispuesto a hacerlo, siempre que sea para asegurar el principio de legítima autodefensa social.
Estado y gobierno están constituidos para encarnar la voluntad de un orden y poner coscorrones y límites a quien hace del negocio de burlar la ley un sistema. La evidencia de que cualquier vacío dejado por el Estado siempre hay alguien dispuesto a llenarlo, indica que la solución está en el diagnóstico: prohibido crear huecos y generar vacíos.
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No hay nadie que sea más pueblo que el pueblo mismo: ni siquiera el que cree representarlo.
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