La división y autonomía de poderes es parte central del régimen constitucional en un país; pero es, además, un principio republicano de balanceo de poder para impedir la interferencia o invasión de funciones de uno en el otro y, asimismo, para evitar que cualquier personalismo inflamado quiera concentrar dos o más de estos poderes en su mano.
Esto fue diseñado así por los teóricos que dieron origen al Estado, para dar supremacía a los principios sobre las ocurrencias y veleidades humanas, pero, asimismo, para dar un carácter superior a las instituciones frente a las personas que eventual y accidentalmente las encabezan.
Viene a cuento lo anterior por la ojeriza y furia con que López Obrador se ensaña contra el Poder Judicial, pues pretende eliminar en el Congreso 13 fideicomisos sobre pensiones, prestaciones diversas y derechos laborales adquiridos, para vulnerar y debilitar a los juristas de carrera y al personal del Poder Judicial en todo el país, porque da la casualidad de que es el único poder al que no ha podido doblar ni empinar con sus maniobras y perversas intenciones.
En México vivimos tiempos en los que hay que defender a las instituciones del Estado, pero no sus distorsiones y desviaciones; son tiempos en los que debemos defender a las instituciones, pero no a las personas que se atrincheran en sus personales intereses a medrar a expensas de ellas.
Quizá convengamos en esto: del ministerio público y el juzgado más olvidado hasta las salas superiores de procuración e impartición de justicia, todo el sistema judicial necesita una manita de gato y reformas que hagan de él una instancia para castigar culpables, no para fabricar delitos o para hacer que los inocentes suden las calenturas de los criminales. Junto a esto, habría que desterrar de la FGR y de ciertas fiscalías regionales -la de Michoacán incluida- a los que ensucian la ley y a las mafias que hacen dinero a expensas de inocentes que no pueden o no saben cómo defenderse. Esto es básico para tener un sistema de justicia sin el rostro sucio o percudido.
No estaría mal echar a andar un programa de auditoría jurídica, revisión y compulsa de carpetas de investigación, pues en muchas de ellas podrán comprobarse violaciones flagrantes al debido proceso y a la presunción de inocencia, porque las cárceles mexicanas ciertamente son nido de delincuentes, pero también cuchitril de inocentes.
Al margen de las reformas y las manitas de gato que requiere nuestro sistema de justicia, lo cual no está en discusión, el presidente hace mal en pretender ser el manotas de esta historia, pues lo que quiere es eliminar 13 fideicomisos del PJ, tumbarle más de un 20 por ciento de su presupuesto y agenciárselo para seguir engordando clientelas.
Este tema tiene como trasfondo tres realidades, en las que puede advertirse con claridad -una vez más- la vocación autoritaria del obradorismo al mando.
La primera es debilitar y herir tanto como se pueda al Poder Judicial, y dentro de él a la Suprema Corte, porque el ADN presidencial de hoy no está diseñado para aceptar y tolerar la divergencia y la disidencia como asunto y tema normal en una democracia.
La segunda radica en por qué quiere meter mano a los fideicomisos del Poder Judicial, luego de que le ha recortado recursos a salud, al campo, a pueblos indígenas, a ciencia, a desastres naturales, a turismo y a casi todos los rubros presupuestales; la razón es sencilla: ya se acabó en dádivas clientelares los dineros del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), ya tiró al barril sin fondo del asistencialismo los 189 fideicomisos que extinguió en 2021 y otros “guardaditos”, y ocurre que ahora no halla de dónde ordeñar más recursos para saciar a sus clientelas y enviar “dinero oficioso y mareado” a las campañas de Morena.
Como puede verse, en este y en otros renglones del gasto público, el monetarismo de los que hablan farisaicamente de “austeridad republicana” es verdaderamente insaciable.
La tercera es que el inquilino de Palacio desea coronar su obra de demolición del Estado Mexicano liquidando a la Suprema Corte actual, lo cual tiene que ver con Claudia Sheinbaum, con el cochinero electoral que ya prepara para 2024 y con la succionada monumental que sería elegir a ministros, magistrados y jueces en las urnas.
Me parece que los enconos de radicalismo del presidente, además de su megalomanía, se han convertido en un tóxico ideológico y en un veneno nacional: algo así como el fundamentalismo de los milicianos de la franja de Gaza, pero en los territorios de la que Luis González bautizó acertadamente como “raza de bronce”.
Seis de los fideicomisos del Poder Judicial amparan y protegen derechos laborales, por lo que es un infundio que esos fideicomisos sean para financiar lujos, privilegios, cirugías y bisoñés de altos funcionarios de la judicatura federal. Si llegase el caso de extinguirlos, se estarían dañando el ahorro y el patrimonio de más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial en el país.
Sin embargo, eso no va a ocurrir: en la instancia legislativa o en la instancia judicial, el titular de la primera magistratura de la nación sufrirá un revés monumental. Al tiempo.
Pisapapeles
Los demócratas de verdad no hacen cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Los populistas con piel de oveja sí que lo hacen.
leglezquin@yahoo.com
Es necesario volantear esos textos para que un mayor numero de mexicanos los lean. Gracias.