La función de administrar, procurar e impartir justicia exige un sentido humano y normas éticas que no siempre se respetan en nuestro país. Y cuando esto ocurre, la primera que sale raspada es la justicia.
Algo está ocurriendo en el caso de Ernesto Ruffo Apel, el primer gobernador de oposición de la era del PRI, en Baja California, en 1989, quien actualmente posee el 49% de las acciones de Ingemar y a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de delincuencia organizada, en la modalidad de contrabando y tráfico de combustibles.
La justicia es justicia porque se administra y se debe procurar e impartir para todos, al margen de si somos feos o altos, chaparros o güeros, guapos y esbeltos o “feos irresistibles” como Charles Bronson.
La justicia apegada al derecho no es sesgada ni selectiva sino universal, lo cual implica que en el criterio para impartirla no debe haber distingos: por eso el símbolo de la justicia, desde la antigua Grecia y hasta nuestros días, aparece silueteado y estilizado con una venda en los ojos, para evitar culpar por consigna a quien no se debe e impedir la exoneración a priori de auténticos “pájaros de cuenta”.
En el sistema de justicia en México, la presunción de inocencia indica que toda persona es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad, aunque ahora el judicialismo del “bienestar” cree, contra toda norma y canon, que es el inocente el que debe probar su inocencia. ¡Cosas de estos tiempos!
Si Ruffo Apel es culpable, y para evitar un daño mayor al erario público y garantizar la reparación del daño, se le debe juzgar y castigar como eso: no por consigna y persecución política, sino por mandato judicial.
Y lo mismo, si el lector me permite, debe hacerse con Andy López Beltrán, Adán Augusto López Hernández, el exsecretario Rafael Ojeda, el titular de la SEP Mario Delgado, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Amílcar Olan y otros, señalados en carpetas del Distrito Sur de NY como cabezas o beneficiarios del huachicol fiscal y otras lindezas.